El Reino Unido respondió al reclamo de Javier Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas y rechazó retomar una negociación sobre la soberanía de las Islas Malvinas sin el consentimiento de sus habitantes. Londres ratificó además su posición sobre la soberanía del archipiélago y cuestionó las medidas adoptadas por la Argentina contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.
La respuesta británica quedó incorporada al registro oficial de la 81ª Asamblea General de la ONU, horas después de que Milei calificara a Malvinas como una causa nacional y reclamara al Reino Unido que retome las conversaciones para buscar una solución a la disputa. El Presidente también cuestionó el papel del organismo internacional frente a la falta de avances en el conflicto.
En su presentación, Milei sostuvo que la Argentina mantiene una defensa pacífica y diplomática de su reclamo de soberanía y afirmó que el principio de autodeterminación no resulta aplicable al caso de las islas. Según la posición expresada por el Gobierno argentino, las resoluciones de Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia de soberanía y convocan a las partes a negociar.
Londres sostiene una interpretación diferente. El Gobierno británico afirmó que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, y señaló que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural.
Para respaldar esa posición, el Reino Unido volvió a mencionar el referéndum realizado en las islas en 2013, en el que, según los datos citados por Londres, participó el 92% del padrón y el 99,8% votó por mantener el actual estatus de territorio británico de ultramar. El Gobierno británico utiliza ese resultado como parte de su argumento sobre la voluntad de los habitantes del archipiélago.
El contrapunto diplomático también alcanzó a la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas. Durante su discurso, Milei cuestionó el avance del proyecto Sea Lion y sostuvo que las actividades desarrolladas mediante licencias británicas son rechazadas por la Argentina.
Londres, en cambio, defendió las operaciones petroleras y sostuvo que la explotación de hidrocarburos constituye una actividad comercial legítima regulada por las autoridades de las islas. También cuestionó las sanciones argentinas contra empresas vinculadas con el sector y afirmó que la legislación nacional no tiene aplicación sobre el territorio.
El Gobierno británico calificó las medidas argentinas contra esas compañías como un intento de ejercer jurisdicción extraterritorial y sostuvo que no encuentran justificación en el derecho internacional. También argumentó que afectan actividades comerciales y negocios internacionales.
La respuesta de Londres se produjo después de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno argentino en relación con la explotación de recursos naturales en las islas, entre ellas sanciones y un paquete legislativo enviado al Congreso bajo el objetivo de ampliar las herramientas vinculadas con la defensa de la soberanía nacional.
De esta manera, tras el discurso de Milei ante la ONU, la disputa volvió a concentrarse en dos posiciones contrapuestas: mientras la Argentina reclama la reanudación de las negociaciones bilaterales sobre la soberanía, el Reino Unido sostiene que cualquier discusión sobre el futuro de las islas debe contar con el consentimiento de sus habitantes y ratifica su posición sobre la administración y explotación de los recursos del archipiélago.
