El Gobierno argentino presentó una protesta formal ante el Reino Unido luego de que las autoridades británicas de las Islas Malvinas extendieran por cinco años las licencias vigentes para la exploración y producción de hidrocarburos offshore en las aguas que rodean al archipiélago.
La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, expresó su “enérgico rechazo” a la decisión y sostuvo que las licencias fueron otorgadas sobre áreas de la plataforma continental argentina. El reclamo diplomático fue presentado este martes ante la Embajada británica en Buenos Aires.
La extensión había sido anunciada por la administración británica de las islas y cuenta con el respaldo del Gobierno del Reino Unido. Los permisos tendrán una vigencia adicional de cinco años, con la posibilidad de sumar otros dos si las empresas cumplen de manera satisfactoria con los programas de trabajo establecidos.
Según la información difundida por las autoridades isleñas, la medida alcanza a todas las licencias offshore vigentes y busca dar continuidad a las tareas de exploración y al desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos. También se anunció la autorización para que una subsidiaria de Navitas Petroleum adquiera una participación del 65% en el bloque PL001, ubicado junto al área del proyecto Sea Lion.
Uno de los principales proyectos involucrados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Está encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que tienen el 65% y el 35% de participación, respectivamente. Las compañías proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
La decisión británica se conoce mientras el Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva legal y administrativa contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La Argentina inició procedimientos contra compañías y personas relacionadas con esos proyectos y sostiene que las actividades realizadas sin autorización nacional constituyen una explotación ilegítima de recursos naturales.
En paralelo, la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras vinculadas con Sea Lion, entre ellas tareas de perforación, instalaciones y trabajos relacionados con el comienzo de la producción. La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto y su aplicación efectiva depende de la cooperación internacional y de las empresas involucradas.
Desde el Reino Unido, en cambio, se sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas y que las autoridades locales tienen facultades para administrar los recursos naturales del territorio. La posición británica también respalda la continuidad de los permisos otorgados a las compañías petroleras.
