La Fiscalía detalló cómo habría funcionado el circuito de fondos entre la familia Kirchner y los empresarios investigados en las causas Hotesur y Los Sauces. Durante una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 5, el fiscal Diego Velasco expuso la hipótesis acusatoria sobre el presunto uso de sociedades, alquileres y operaciones inmobiliarias para canalizar dinero proveniente de negocios vinculados con el Estado.
La acusación alcanza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Máximo Kirchner y a otros imputados, entre ellos empresarios vinculados con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la Fiscalía, las maniobras investigadas habrían funcionado durante varios años mediante una estructura de relaciones comerciales y societarias.
Uno de los datos centrales de la exposición es que Los Sauces S.A. facturó $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y hoteles durante el período analizado. De acuerdo con la acusación, el 65% de esos ingresos habría provenido de empresas del Grupo Indalo y el 23%, de compañías vinculadas con Báez.
La exposición forma parte de la lectura de las acusaciones en el juicio oral. Las afirmaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
Cómo habría funcionado el circuito de fondos entre los Kirchner y los empresarios
La Fiscalía sostuvo que existió una presunta asociación ilícita destinada a obtener beneficios económicos mediante la utilización de vínculos con el Estado y el posterior retorno de parte de esos recursos a la familia Kirchner.
En su requerimiento, el fiscal describió una supuesta estructura que habría combinado la adjudicación de obra pública, beneficios estatales a empresas privadas y contratos de alquiler de inmuebles pertenecientes a las sociedades familiares.
Según esa hipótesis, los ingresos de Los Sauces y Hotesur no responderían únicamente a operaciones comerciales ordinarias. La acusación plantea que parte de los pagos habría permitido disimular el origen de fondos vinculados con presuntos delitos contra la administración pública.
El Ministerio Público Fiscal también señaló que la operatoria habría requerido la intervención coordinada de familiares, funcionarios, contadores, escribanos y empresarios. Cada uno habría cumplido funciones diferentes dentro de la estructura investigada.
Los grupos Báez e Indalo concentraban el 88% de la facturación
Uno de los principales elementos económicos expuestos durante la audiencia fue la distribución de los ingresos de Los Sauces.
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía, la facturación por alquileres de propiedades y hoteles alcanzó los $25.968.042,30 durante el período investigado.
El origen de los ingresos investigados
- Grupo Indalo
Empresas vinculadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa: 65%
- Grupo Báez
Empresas vinculadas con Lázaro Báez: 23%
Porcentajes informados por la Fiscalía. En conjunto, representan el 88% de la facturación mencionada en la acusación.
La Fiscalía sostuvo que los fondos vinculados con Báez tendrían relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz. En el caso de las empresas del Grupo Indalo, señaló que su crecimiento durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner habría estado asociado con negocios sujetos a autorizaciones estatales y beneficios impositivos cuestionados.
En ese contexto, la acusación puso el foco en los alquileres de inmuebles de Los Sauces a empresas relacionadas con ambos grupos, incluidos departamentos del complejo Madero Center, en Puerto Madero.
La cuestión central para los investigadores es determinar si los pagos respondieron a relaciones comerciales legítimas o si formaron parte de un mecanismo para canalizar y disimular fondos de origen ilícito.
Qué papel habrían tenido Cristina y Máximo Kirchner en Los Sauces
Según la acusación, Néstor y Cristina Kirchner participaron en la conformación de Los Sauces en 2006, una sociedad inmobiliaria que habría sido utilizada para canalizar fondos mediante operaciones con empresarios vinculados con el Estado.
Máximo Kirchner fue designado presidente de la firma y permaneció en ese cargo hasta 2015, cuando fue reemplazado por su prima Romina Mercado. Néstor Kirchner fue director suplente hasta su fallecimiento, en 2010, mientras que Cristina Kirchner ocupó ese puesto hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner ingresó al directorio como vicepresidenta, en reemplazo de su padre.
La Fiscalía sostuvo que la composición del directorio, integrado por personas del entorno familiar, habría contribuido a mantener el control de la sociedad. También cuestionó la forma en que se aprobaban las operaciones inmobiliarias y señaló presuntas irregularidades en los libros societarios.
Entre los puntos observados, el fiscal indicó que los alquileres no habrían sido tratados ni aprobados formalmente por el órgano de administración. Además, señaló que la firma no habría contado inicialmente con una estructura de empleados y una sede social acordes con su actividad.
Estas observaciones forman parte de los argumentos de la acusación sobre el funcionamiento de la empresa y el supuesto papel de sus responsables.
Qué propiedades aparecen en la investigación
La hipótesis fiscal sostiene que la familia Kirchner incorporó terrenos, departamentos y establecimientos hoteleros a las sociedades investigadas para luego alquilarlos a empresas vinculadas con los grupos Báez e Indalo.
Entre los bienes mencionados durante la exposición figuran:
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Madero Center, en Puerto Madero, donde se encontraban departamentos vinculados con las operaciones inmobiliarias investigadas.
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Terrenos y propiedades en Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz.
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El hotel La Aldea, en El Chaltén.
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Inmuebles vinculados con operaciones de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.
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El departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
Sobre el último inmueble, la acusación señaló que fue adquirido en 2015 por US$370.000 y que el pago se realizó mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES), en lugar de dinero en efectivo.
La inclusión de esa propiedad conecta el expediente de Los Sauces con otra causa judicial de relevancia, aunque ambos procesos tienen objetos y etapas procesales diferentes.
La conexión con la causa Vialidad
La Fiscalía vinculó los hechos investigados en Hotesur y Los Sauces con los analizados en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Según el planteo acusatorio, ambos expedientes formarían parte de un esquema más amplio: por un lado, la presunta obtención irregular de recursos mediante negocios y contratos vinculados con el sector público; por otro, la utilización de operaciones inmobiliarias y hoteleras para canalizar parte de esos fondos.
Sin embargo, la relación planteada por la Fiscalía no implica que las responsabilidades penales investigadas en un expediente queden automáticamente acreditadas en el otro. Cada proceso requiere el análisis de sus propias pruebas y la correspondiente decisión judicial.
El caso también tiene una dimensión patrimonial. En agosto de 2026, la Justicia dispuso medidas de embargo sobre el departamento de San José 1111 y otros bienes vinculados con los condenados en Vialidad, en el marco de la ejecución patrimonial de esa sentencia.
