La Cámara Federal dispuso que el Juzgado Federal N.º 12 tramite dos denuncias contra actividades petroleras en áreas próximas a las islas Malvinas. La medida busca evitar fallos contradictorios en expedientes vinculados con el reclamo de soberanía argentina.
La Justicia argentina resolvió que dos causas por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas se tramiten en conjunto. El camarista Eduardo Farah, de la Cámara Federal, determinó que ambos expedientes queden bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 12, subrogado por el juez Julián Ercolini.
La decisión alcanza a las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026, iniciadas por denuncias relacionadas con actividades hidrocarburíferas que el Gobierno argentino cuestiona por considerar que se desarrollan sin autorización nacional.
El objetivo de la resolución es evitar pronunciamientos judiciales contradictorios sobre hechos vinculados con un mismo conflicto: la explotación de recursos naturales en áreas próximas a las Islas Malvinas y los derechos de soberanía que reclama la Argentina.
Por qué la Justicia decidió unificar las causas
Farah resolvió un conflicto de competencia entre los juzgados que intervenían en los expedientes. Aunque Ercolini había rechazado asumir la competencia, el camarista consideró que existían elementos suficientes para que las dos denuncias fueran investigadas en conjunto.
En su resolución, sostuvo que la «similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas» justificaba su acumulación. También señaló que las actividades denunciadas constituyen distintas manifestaciones de un mismo fenómeno: emprendimientos económicos en áreas cercanas a las islas, respaldados por autorizaciones que la Argentina considera ilegítimas.
El magistrado remarcó que la decisión que se adopte en cada expediente podría tener repercusiones sobre la política de Estado vinculada con la soberanía argentina. Por ese motivo, consideró especialmente importante evitar resoluciones incompatibles entre sí.
La acumulación permitirá que ambas investigaciones tramiten ante un mismo juzgado. No implica, por sí sola, una condena contra las empresas involucradas ni una resolución definitiva sobre la soberanía de las islas.
Qué investiga cada denuncia por petróleo en Malvinas
Las dos causas están relacionadas con actividades de explotación de hidrocarburos, aunque se refieren a emprendimientos diferentes.
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Causa CFP 4493/2026: corresponde a la denuncia presentada por la Cancillería argentina contra la petrolera británica Desire Petroleum por las actividades vinculadas con el yacimiento Sea Lion.
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Causa CFP 4437/2026: apunta a la explotación petrolera en otro sector de la plataforma continental argentina por parte de otra empresa, que, según la denuncia, no cuenta con permisos del Gobierno nacional.
El punto en común es el cuestionamiento argentino a las autorizaciones otorgadas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en zonas cuya soberanía reclama el país.
La investigación judicial deberá avanzar sobre los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades que correspondan. La decisión de la Cámara Federal, por ahora, establece dónde deben tramitar ambos expedientes.
El petróleo de Sea Lion, en el centro del conflicto
El proyecto está vinculado con las compañías Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel. La Argentina cuestiona las actividades hidrocarburíferas impulsadas en la zona sin su autorización, mientras que el Reino Unido sostiene una posición de soberanía sobre las islas y respalda el desarrollo de sus recursos naturales.
El conflicto excede las denuncias penales. También comprende medidas administrativas, reclamos diplomáticos y actuaciones internacionales relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.
En ese contexto, la acumulación de los dos expedientes judiciales constituye un nuevo paso dentro de la respuesta argentina frente a las actividades petroleras que considera ilegítimas.
Qué cambia con la decisión judicial
A partir de la resolución de Farah, las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 deberán quedar bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Ercolini en condición de subrogante.
La medida busca facilitar una evaluación coordinada de los hechos denunciados y reducir el riesgo de que distintos juzgados adopten criterios incompatibles sobre cuestiones estrechamente relacionadas.
Sin embargo, la unificación de los expedientes no equivale a una prohibición general de la actividad petrolera en Malvinas. Tampoco resuelve la controversia territorial entre la Argentina y el Reino Unido.
El alcance de las investigaciones dependerá de las actuaciones que impulse el juzgado y de las decisiones que se adopten durante el proceso.
El reclamo de soberanía argentina y los antecedentes internacionales
La controversia por las Islas Malvinas tiene antecedentes diplomáticos que se remontan a décadas atrás. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución pacífica.
En 1976, la Resolución 31/49 de la Asamblea General llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La explotación de recursos naturales añadió una dimensión económica y ambiental a esa disputa. Para la Argentina, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin su consentimiento afectan sus derechos sobre los territorios y espacios marítimos reclamados.
El conflicto también llegó a instancias internacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contempla mecanismos para resolver determinadas controversias relativas a su interpretación y aplicación, aunque su alcance depende de la materia sometida a consideración.
