El juicio por Hotesur y Los Sauces avanzó este lunes con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°5, en la que terminó de exponerse el requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces. La Fiscalía atribuye a los 24 imputados delitos de asociación ilícita, lavado de activos y ofrecimiento y recepción de dádivas, figuras que contemplan penas de entre dos y diez años de prisión.
Entre los acusados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner. Durante la jornada se detalló el rol que, según la hipótesis fiscal, tuvieron empresas relacionadas con Lázaro Báez y con el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el ingreso de fondos a las sociedades de la familia Kirchner.
El requerimiento presentado por el fiscal Diego Velasco sostiene que existió una estructura destinada a apropiarse de recursos públicos a través de diferentes mecanismos y posteriormente canalizar parte de esos fondos hacia el patrimonio familiar.
“Las consideraciones desarrolladas son suficientes para tener por acontecida, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa preliminar del proceso, la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita”, sostiene la acusación.
Según el escrito fiscal, esa estructura habría tenido como finalidad “sustraer y apoderarse de fondos públicos” mediante diferentes planes, entre los que menciona la obra pública vial adjudicada en Santa Cruz, beneficios impositivos, contrataciones y posteriores maniobras de lavado destinadas, siempre de acuerdo con la acusación, a enriquecer a la familia Kirchner.
Las empresas de Báez y la ruta del dinero hacia Los Sauces
Una parte importante de la audiencia estuvo dedicada a las empresas relacionadas con Lázaro Báez. Luego de analizar anteriormente el funcionamiento de Kank y Costilla, la Fiscalía se concentró en la constructora Loscalzo y Del Curto, beneficiaria de obra pública en Santa Cruz.
De acuerdo con la acusación, esa compañía transfirió fondos hacia Los Sauces entre enero de 2009 y diciembre de 2014 mediante operaciones vinculadas con la actividad inmobiliaria.
La Fiscalía sostiene que la inmobiliaria de los Kirchner le facturó a Loscalzo y Del Curto $1.691.580 y que se emitieron más de 40 cheques desde la compañía, algunos firmados por hijos de Báez, que fueron cobrados por Máximo Kirchner.
La operación incluía el alquiler de cuatro departamentos ubicados en Río Gallegos. Según el requerimiento, esos inmuebles habían sido construidos por la propia empresa que posteriormente los alquiló a la familia Kirchner por valores superiores a los costos que había tenido su construcción.
Para el fiscal, “el contrato no fue más que una mise en scène a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces”.
La relación terminó en 2014 y, según la acusación, durante 2015 Austral Construcciones pasó a ocupar un lugar central en el flujo de fondos hacia la inmobiliaria.
El requerimiento señala que Austral recibió entre 2003 y 2015 $6.698.062.565,08 del Tesoro Nacional por obras públicas viales adjudicadas en Santa Cruz y sostiene que, durante diez meses de relación comercial, transfirió $323.915,79 a Los Sauces.
La Fiscalía considera que esas operaciones formaban parte de un mecanismo mediante el cual fondos provenientes de la obra pública terminaban incorporándose al patrimonio de la familia presidencial.
La relación comercial con Austral finalizó en octubre de 2015. Posteriormente, Los Sauces comenzó a alquilar sus propiedades a personas ajenas a las empresas de Báez.
La acusación remarcó diferencias entre esos nuevos contratos y los celebrados anteriormente: a los nuevos inquilinos se les exigieron condiciones como la presentación de garantes y, según los cálculos incorporados a la investigación, la rentabilidad promedio fue 41% inferior a la que se habría obtenido con Austral Construcciones. Para la Fiscalía, esa diferencia constituye uno de los elementos utilizados para sostener la hipótesis de sobreprecios en las operaciones anteriores.
Valle Mitre y las operaciones hoteleras
Otro capítulo de la acusación está centrado en Valle Mitre, compañía a la que la Fiscalía define como una “empresa pantalla” destinada a recibir y aplicar dinero proveniente de distintas firmas del Grupo Báez mediante contrataciones que considera simuladas.
“Su misión fue operar como nexo entre las empresas del grupo económico y los hoteles de la familia Kirchner”, afirma el requerimiento.
Valle Mitre había sido constituida en 2004, aunque según la investigación no tuvo actividad hasta 2007. Ese año comenzó administrando un restaurante y posteriormente pasó a gestionar tres establecimientos vinculados con los Kirchner: Hostería Las Dunas, Hotel Alto Calafate y Hotel La Aldea del Chaltén.
La Fiscalía también señaló que la composición de Valle Mitre presentaba similitudes con el órgano de administración de Hotesur, propietaria del Alto Calafate.
Respecto de La Aldea del Chaltén, la acusación sostiene que entre 2009 y 2013 la compañía de Báez giró a Los Sauces $2.836.724. Según el requerimiento, ese flujo permitió recuperar el valor de compra del establecimiento en cinco meses y terminó superando en más de 13 veces el precio que había pagado la familia Kirchner por el hotel.
Una vez finalizada la administración de los establecimientos, siempre según la Fiscalía, Valle Mitre redujo su actividad hasta quedar sin funcionamiento.
La acusación sobre las empresas del Grupo Indalo
El requerimiento también analiza operaciones realizadas por Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, empresas relacionadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En el caso de Inversora M&S, la Fiscalía sostiene que López y De Sousa tenían el control mayoritario y la dirección de la empresa y que fueron responsables de suscribir contratos de locación que la acusación considera simulados para canalizar fondos hacia Los Sauces.
En la estructura aparecía además Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Néstor y Cristina Kirchner, quien también se desempeñaba como directora de Hotesur y Los Sauces.
La Fiscalía afirma que Mercado cumplía funciones “de los dos lados del mostrador” y que su participación contribuía a garantizar el funcionamiento de la presunta maniobra.
Entre mayo de 2009 y marzo de 2016, Inversora M&S habría transferido $13.896.672 mediante alquileres de propiedades en el edificio Madero Center.
Una de las operaciones alcanzó los $499.197,60 por el alquiler de espacios comunes y amenities vinculados con un departamento del cuarto piso. Los fiscales cuestionaron esa contratación al considerar que otra firma del mismo grupo ya alquilaba el inmueble y, por lo tanto, disponía de acceso a esos espacios.
Posteriormente fueron alquilados otros dos departamentos entre abril de 2012 y marzo de 2016 por $13.397.475,02. Según la acusación, los valores presentaban sobreprecios de entre 100% y 150% respecto del mercado.
Con Álcalis de la Patagonia, también relacionada con López y De Sousa, Los Sauces facturó otros $4.658.053 por el alquiler de un departamento en Madero Center destinado, según el requerimiento, al uso personal de la exmujer de De Sousa.
La Fiscalía destacó además la participación del contador Osvaldo Sanfelice, integrante de Álcalis y apoderado de Los Sauces, a quien considera una figura “esencial para la canalización de fondos ilícitos en favor de los ex presidentes”.
Cómo habría llegado el dinero a la familia Kirchner
La última etapa descripta por la acusación busca establecer de qué manera los fondos que ingresaban a Los Sauces habrían terminado en manos de los integrantes de la familia Kirchner.
Según la Fiscalía, después de pasar por una serie de movimientos bancarios y societarios, el dinero era retirado de distintas maneras, entre ellas devoluciones de créditos, remuneraciones por cargos directivos, salarios, compra de propiedades y pago de gastos particulares.
“La maniobra en su conjunto consistió en que luego de haber montado la ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos precedentes (...) finalmente los destinatarios finales del delito gozaran de lo blanqueado”, sostiene el requerimiento.
Las pericias contables citadas por la acusación indican que desde 2008 Los Sauces experimentó un “crecimiento vertiginoso” mediante la incorporación de activos y contratos de alquiler con empresas que habían resultado beneficiarias del Estado nacional.
De acuerdo con esos mismos informes, los integrantes de la familia Kirchner retiraron más de $10 millones de Los Sauces mediante diferentes conceptos, entre ellos devolución de créditos, remuneraciones como directores o empleados y gastos particulares afrontados por la sociedad.
Con la exposición de este lunes concluyó la lectura del requerimiento fiscal correspondiente a la causa Los Sauces. El TOF N°5 dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre, cuando está previsto que se presente el requerimiento de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
