La Justicia ordenó embargar el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en el marco de las medidas adoptadas para avanzar con el decomiso dispuesto en la causa Vialidad. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la condena.
La medida forma parte de un nuevo paquete de embargos preventivos y cautelares sobre bienes inmuebles y activos vinculados a los condenados en el expediente. El objetivo es preservar el patrimonio que podría quedar afectado al decomiso establecido por la Justicia luego de la condena por administración fraudulenta.
El departamento de San José 1111 tiene particular relevancia porque es el domicilio fijado judicialmente para que Cristina Kirchner cumpla la pena de seis años de prisión. El Tribunal Oral Federal 2 había establecido esa vivienda como lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria, decisión que posteriormente fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La nueva resolución se produce mientras avanza la segunda etapa del proceso de decomiso. Según trascendió, el Tribunal dispuso medidas cautelares sobre 144 activos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del monto económico fijado en la causa Vialidad. La cifra involucrada asciende a aproximadamente $685.000 millones.
Además del inmueble donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta, las medidas alcanzan otros bienes y activos relacionados con los condenados en el expediente. Entre ellos figuran propiedades vinculadas al empresario Cristóbal López y un amplio conjunto de bienes relacionados con Lázaro Báez.
El embargo constituye una medida cautelar y no implica, por sí mismo, que Cristina Kirchner deba abandonar el inmueble. La disposición busca impedir que los bienes alcanzados puedan ser vendidos, transferidos o afectados mientras continúa el proceso destinado a ejecutar el decomiso. La resolución se inscribe en la etapa posterior a la condena firme dictada en la causa Vialidad. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
