El anuncio de Javier Milei sobre nuevas medidas para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas ya abrió una discusión en la Cámara de Diputados. La oposición reclamó que el Congreso comience a analizar cuanto antes las iniciativas y pidió que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sea girado a las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores.
El paquete que el Gobierno enviará al Congreso contempla modificaciones al régimen de sanciones para empresas vinculadas con explotaciones de hidrocarburos no autorizadas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, entre otras herramientas. Según anticipó el Ejecutivo, las iniciativas llegarán la próxima semana y serán tratadas con carácter de urgencia.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que el lugar para discutir estas medidas es el Congreso y reclamó que se convoque a las dos comisiones de la Cámara baja. El diputado aseguró que su espacio cuenta con propuestas propias y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos para definir una política de Estado sobre Malvinas.
La Comisión de Defensa es presidida por el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata, quien anticipó que está dispuesto a abrir el debate si el proyecto del Poder Ejecutivo es girado a ese cuerpo. “Siempre estamos listos para discutir las iniciativas del Poder Ejecutivo”, señaló.
El radical crítico Pablo Juliano también adelantó que analizará las propuestas oficiales, aunque cuestionó el momento en que fueron anunciadas. Consideró que las medidas llegan tarde y reclamó al Gobierno que convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558, además de revisar otras decisiones vinculadas con la infraestructura y las capacidades de Defensa.
Entre sus planteos, Juliano mencionó la situación de los predios de la Armada en Ushuaia, la Base Aeronaval Punta Indio y el financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). También reclamó mayores recursos para sostener la presencia científica y logística argentina en la Antártida.
El legislador radical pidió, además, que el tratamiento de las iniciativas se realice con un “debate sereno” y sin buscar una aprobación apresurada. Según sostuvo, una política de Estado vinculada con la soberanía requiere acuerdos amplios y sostenidos en el tiempo.
Uno de los proyectos que deberá analizar el Congreso apunta a modificar la Ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Milei anunció que buscará endurecer las sanciones para las empresas que intervengan en operaciones no autorizadas en áreas vinculadas con la disputa de soberanía.
La iniciativa oficial también contempla extender las sanciones a los proveedores de las empresas involucradas. Además, establece que quienes infrinjan las disposiciones no puedan contratar dentro de la Argentina, tanto con organismos públicos como con empresas privadas, y prevé la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda.
El proyecto está directamente relacionado con el desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en las aguas próximas a las Malvinas. El Gobierno argentino considera que esas actividades se desarrollan sin autorización nacional y que implican una explotación de recursos que la Argentina reivindica como propios.
Desde Unión por la Patria, Martínez cuestionó al Gobierno por no haber impulsado antes medidas de este tipo. Sostuvo que durante los casi tres años de gestión de Milei no hubo avances significativos en la cuestión Malvinas y afirmó que el Ejecutivo ya contaba con herramientas legales y antecedentes para actuar.
En contraste, la diputada libertaria Silvana Giudici anticipó el respaldo de La Libertad Avanza al paquete enviado por la Casa Rosada. La legisladora afirmó que las Malvinas y la Antártida requieren políticas de Estado y aseguró que el oficialismo está preparado para votar las leyes que envíe el Presidente.
También se pronunció la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien defendió las medidas anunciadas por Milei y destacó el aumento de recursos para Defensa y el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego. Además, interpretó las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa como un cambio en la posición histórica de Estados Unidos.
Otro de los temas que deberá pasar por el Congreso es el Decreto de Necesidad y Urgencia que amplía las partidas destinadas al Ministerio de Defensa. El DNU contempla recursos para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
A diferencia del proyecto de ley, ese decreto deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene la facultad de revisar los DNU del Poder Ejecutivo. El Gobierno sostiene que la infraestructura permitirá fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur y ampliar su capacidad logística y de proyección hacia la Antártida.
La construcción de la base también generó una disputa política entre dirigentes que ocuparon el Ministerio de Defensa. Luis Petri respaldó el anuncio y lo vinculó con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mientras que el exministro Jorge Taiana cuestionó al Gobierno y afirmó que las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia habían comenzado durante su gestión en 2022 y posteriormente fueron paralizadas.
Así, el Congreso se prepara para discutir un paquete que combina sanciones económicas y legales, cambios en la política de seguridad y un refuerzo de las capacidades de Defensa. El primer paso será definir el giro de los proyectos a las comisiones correspondientes y establecer el cronograma para comenzar formalmente el debate en Diputados.
