Haciendo un extremo esfuerzo intelectual, y abstrayendo la marcha universitaria de su contexto político coyuntural, se verá cómo queda la evidencia de algunas cosas: por ejemplo, que el problema presupuestario de las universidades tiene al menos 50 años; y que las universidades son la única responsabilidad educativa directa que le ha quedado al Estado nacional, pues del resto de los niveles se han hecho cargo las provincias.
En el legítimo afán del gobierno de Javier Milei de garantizar equilibrio fiscal, parece que nada alcanzara, y que el desprendimiento de deberes o servicios que presta el Estado nacional se pudiera tornar incesante, casi infinito, sin que se revisen causas estructurales de semejante ineficacia.
El Estado nacional, originariamente, prestaba servicios de agua, de gas, de Vialidad, de educación en todos los niveles, de salud, de transporte público, de telefonía. Desde la década del ’90 del siglo pasado, hacia este presente, de (casi) todo se desprendió, vía privatizaciones o traspaso a las provincias. Y todavía no le alcanza. Todavía la lucha contra el déficit se libra en la trinchera de los recortes, los ajustes, y las peleas políticas.
Le quedan las universidades, que se sostienen con el aporte directo, aunque el Estado no las administra, pues son autónomas. Y la cosa no funciona. No desde ahora: desde hace medio siglo. En los ’70, la pelea universitaria era por más presupuesto. Igual que ahora, con otro contexto, otros protagonistas, y los golpes militares que interrumpían procesos democráticos.
Hay que entender, entonces, que no se han atacado las causas del problema. Como solemos hacer los argentinos, combatimos, espasmódicamente, las consecuencias de esas causas misteriosas y vírgenes.
Si se pretende mantener el sistema universitario sin reformas, raramente se solucionará el problema: una de las causas, ineludiblemente, tiene que ver con cómo está concebido ese sistema, con un aporte total a cargo del Tesoro nacional, con ingreso irrestricto, con gratuidad (relativa, siempre) para los alumnos, y malos salarios para los docentes, y con magros resultados académicos.
Oponer la Universidad a un gobierno (que dura cuatro años, que de máxima puede durar ocho, reelección mediante) no parece una solución, por más que cerremos los ojos, los oídos, todos los sentidos, y arremetamos, con el corazón en la mano, contra los molinos de viento.
El Estado, más allá de los gobiernos coyunturales, también deberá seguir siendo revisado por la política. Porque no hay plata que le alcance para sostener sus gastos, aunque no invierta, aunque no haga obras, aunque no sostenga la educación, ni la salud, ni las rutas.
