La polémica en torno a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el jefe de Gabinete reconociera públicamente que durante años mantuvo inversiones en Bitcoin que no habían sido incorporadas a sus declaraciones impositivas y patrimoniales. Según explicó, esos fondos provienen de operaciones realizadas entre 2014 y 2018 y forman parte de los ahorros con los que busca justificar el crecimiento de su patrimonio.
La revelación generó una pregunta inmediata: ¿qué sanción económica podría haber enfrentado por no declarar esos activos?
De acuerdo con especialistas tributarios citados por distintos medios, la situación podría haber derivado en multas por omisión de bienes y diferencias impositivas, además del reclamo de impuestos e intereses correspondientes a los períodos fiscales involucrados. En determinados casos, las sanciones económicas pueden acumularse por cada ejercicio fiscal no declarado.
Sin embargo, el escenario cambió a partir de una decisión tomada por el propio funcionario. Tanto Adorni como su esposa se incorporaron recientemente al Régimen Simplificado de Ganancias, mecanismo previsto dentro del esquema de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional.
Según los expertos consultados por Infobae, esa adhesión podría evitar consecuencias vinculadas exclusivamente al plano tributario. El régimen contempla beneficios como el denominado "tapón fiscal", que limita la capacidad de ARCA para revisar determinados períodos anteriores una vez cumplidas las condiciones previstas por la normativa.
No obstante, los especialistas remarcan que esa protección alcanza únicamente cuestiones fiscales. En otras palabras, la adhesión al régimen no impediría eventuales investigaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito, dádivas u otros delitos que puedan ser analizados por la Justicia o por organismos de control.
Durante una entrevista televisiva, Adorni sostuvo que no intentará blanquear dinero mediante ese mecanismo y aseguró que pagará todos los impuestos que correspondan. Además, afirmó que la reconstrucción de sus inversiones en criptomonedas fue realizada junto a sus abogados para explicar el origen de los fondos cuestionados.
La controversia se profundizó porque el funcionario había afirmado anteriormente que todos sus bienes estaban correctamente declarados. Ahora, en las rectificaciones presentadas, incorporó activos que anteriormente no figuraban y que, según su explicación, corresponden a ganancias obtenidas en operaciones con Bitcoin.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa. El juez y el fiscal intervinientes deberán analizar si la documentación presentada resulta suficiente para justificar el patrimonio declarado y despejar las dudas planteadas en la causa.
Por ahora, el principal consenso entre los especialistas es que el régimen fiscal al que adhirió podría reducir significativamente el impacto de eventuales sanciones tributarias. Pero también coinciden en un punto: la discusión sobre el origen y la consistencia de los fondos declarados recién comienza y seguirá bajo análisis de la Justicia y de los organismos de control.
