El Gobierno dio esta semana tres pasos clave en su estrategia para avanzar en la privatización de Enarsa, en línea con su objetivo de reducir la participación estatal en el sector energético y potenciar la inversión privada.
El movimiento más relevante se conocerá este martes, cuando se definan los interesados en quedarse con el control de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. La operación se da a través de Citelec, donde Enarsa posee el 50% de las acciones.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó en otros dos frentes. Por un lado, desplazó a Enarsa de las obras de las represas de Santa Cruz, transfiriendo esa responsabilidad a la Subsecretaría de Recursos Hídricos mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Por otro, la estatal abrió la puerta a la participación privada en la importación de gas natural licuado (GNL) para el invierno. Empresas como Trafigura y Naturgy presentaron ofertas muy similares para encargarse de la comercialización del gas que llegará por barco, en lo que sería el primer esquema de gestión privada tras casi dos décadas.
La definición se dará en los próximos días, en un contexto internacional complejo por la volatilidad de los precios energéticos. Se estima que el país necesitará alrededor de 20 buques de GNL para cubrir la demanda invernal, con valores que rondan los 20 dólares por millón de BTU, por encima de los niveles del año pasado.
El plan oficial, impulsado desde la inclusión de Enarsa en la Ley Bases como empresa privatizable, apunta a dividir y vender sus unidades de negocio. De hecho, la compañía ya redujo significativamente su participación en distintos segmentos del sistema energético.
Entre los activos que aún conserva, se destacan participaciones en centrales termoeléctricas y parques eólicos, mientras que otros negocios estratégicos —como el gasoducto hacia Vaca Muerta— ya fueron transferidos a operadores privados.
