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Tras el revés con la Ley de Tierras, el Gobierno reordena sus reformas

Tras la derrota legislativa, la mesa política decidió auditar las iniciativas del ministro antes de que lleguen al Congreso y ordenar las prioridades para evitar nuevos traspiés.

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La definición surgió este martes durante una reunión de la mesa política del Gobierno,

Después del revés sufrido en el Senado con la Ley de Tierras y el capítulo de Manejo del Fuego, el Gobierno decidió reordenar su estrategia legislativa y establecer un nuevo filtro para los proyectos de desregulación impulsados por Federico Sturzenegger.

La definición surgió este martes durante una reunión de la mesa política del Gobierno, que se extendió durante casi tres horas y contó con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Sturzenegger fue convocado para explicar los principales proyectos que desarrolla su cartera y recibió el respaldo de la conducción de la Casa Rosada.

Sin embargo, la decisión política también implicó un cambio en el mecanismo para llevar esas iniciativas al Congreso. Según trascendió, la mesa política comenzará a auditar previamente los proyectos elaborados por Sturzenegger, con el objetivo de evaluar su viabilidad política y parlamentaria antes de que sean enviados al Poder Legislativo.

El nuevo esquema busca evitar que propuestas consideradas demasiado ambiciosas vuelvan a generar dificultades en el Congreso, como ocurrió durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo tuvo que retirar del proyecto los capítulos vinculados con la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego ante la falta de respaldo suficiente en el Senado.

La situación había generado reproches y tensiones dentro del oficialismo, con cuestionamientos sobre la estrategia utilizada para impulsar algunas reformas. Pese a ese escenario, la Casa Rosada resolvió sostener a Sturzenegger y ratificar el lugar central que ocupa dentro del programa económico y de transformación del Estado.

El respaldo también había sido expresado públicamente por el Gobierno. El vocero presidencial, Adrián Ravier, definió a Sturzenegger como “una figura clave” de la administración y aseguró que cuenta con el respaldo tanto del presidente Javier Milei como del conjunto del Poder Ejecutivo.

La estrategia oficial apunta ahora a combinar el impulso de las reformas con una mayor evaluación política antes de avanzar en el Congreso. La intención es que los proyectos lleguen con un nivel de consenso suficiente para evitar nuevas derrotas y, al mismo tiempo, mantener el ritmo de desregulación que el Gobierno considera central para reducir costos y aumentar la competitividad de la economía.

En paralelo, la Casa Rosada comenzó a reforzar el vínculo con los gobernadores aliados para conseguir respaldo parlamentario. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quedaron al frente de esa estrategia y tienen entre sus principales objetivos avanzar con el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

En ese marco, el Gobierno tiene previsto continuar durante esta semana con reuniones con mandatarios provinciales. El jueves, por ejemplo, Santilli y Caputo tienen agendados encuentros con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, como parte de la búsqueda de acuerdos para sostener la agenda oficialista en el Congreso.

La reforma electoral es, precisamente, uno de los próximos temas que podrían generar una negociación compleja. El oficialismo impulsa la eliminación de las PASO, pero el PRO todavía no definió si acompañará la iniciativa. El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo este martes que su espacio todavía no está en condiciones de respaldar la modificación y que esperará a conocer el texto definitivo que salga del Senado.

Así, después del traspié con la Ley de Tierras, la Casa Rosada intenta evitar nuevos choques parlamentarios sin abandonar su programa de reformas. El respaldo a Sturzenegger permanece firme, pero sus proyectos deberán atravesar ahora una instancia política previa antes de convertirse en iniciativas del Gobierno ante el Congreso.

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