Un relevamiento de 200 casos reales de uso de inteligencia artificial (IA) en el sector público revela una realidad contundente: la transformación del Estado ya está en marcha, incluso mientras muchos gobiernos continúan debatiendo si están preparados para implementarla.
El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, lanza una advertencia directa y alejada del lenguaje burocrático: existe el riesgo de que los gobiernos simplemente automaticen la ineficiencia. La IA, lejos de resolver problemas estructurales, tiende a amplificarlos. En este escenario, el mayor peligro no radica en avanzar demasiado rápido, sino en quedarse inmóvil mientras otros países diseñan el Estado del futuro.
En nuestro país, uno de los ejemplos más destacados es el sistema Prometea, que genera borradores de resoluciones judiciales mediante el análisis de expedientes completos. Tareas que antes demandaban días de trabajo ahora se resuelven en minutos, marcando un cambio significativo en la dinámica de la Justicia.
Casos de éxitos y de fracasos estrepitosos
A nivel internacional, los casos muestran tanto el potencial como los riesgos de esta tecnología. Uno de los casos menos felices se dio en Países Bajos. Allí, un algoritmo acusó erróneamente a 26.000 familias de fraude en subsidios infantiles, lo que derivó en pérdidas de viviendas, empleos y hasta la separación de familias. El escándalo, originado por datos defectuosos y sesgos discriminatorios, terminó provocando la caída del gobierno.
En contraste, Austria utiliza IA en su administración tributaria desde 2014. Solo en 2023, el sistema analizó 6,5 millones de casos y permitió recuperar 185 millones de euros en impuestos no detectados previamente, con un enfoque preciso y altamente eficiente.
Francia, por su parte, emplea inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales y cruzarlas con declaraciones fiscales. De este modo, identifica piscinas no declaradas, construcciones clandestinas y propiedades fuera del registro impositivo, ampliando la capacidad de control del Estado.
Brasil también logró avances significativos al aplicar IA para gestionar litigios fiscales. Con 140.000 millones de dólares en disputas acumuladas y procesos que tardaban hasta seis años, el uso de algoritmos permitió agrupar, priorizar y distribuir casos con un 80% de precisión, reduciendo drásticamente los tiempos de resolución.
En Asia, Singapur implementó un chatbot fiscal capaz de atender 70.000 consultas en un año, ahorrando más de 11.600 horas a los contribuyentes. A diferencia de sistemas tradicionales, esta herramienta comprende el contexto, personaliza respuestas y resuelve trámites completos.
Cuál es el uso real que el sector público le da a la inteligencia artificial
Según el informe, el 70% de los países ya utiliza IA para optimizar procesos internos, aunque sólo el 33% la ha incorporado en el diseño e implementación de políticas públicas. A pesar de su crecimiento, el impacto transformador en la administración pública aún es limitado.
El documento, elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, advierte que los gobiernos enfrentan una caída en los niveles de confianza ciudadana, en paralelo con cambios acelerados impulsados por la era digital. En este contexto, la adopción de tecnologías digitales se vuelve clave para mejorar la productividad, la resiliencia institucional y la calidad de los servicios públicos.
Actualmente, solo el 39% de las personas manifiesta una confianza moderadamente alta o superior en sus gobiernos nacionales. Sin embargo, servicios públicos más eficientes, transparentes y receptivos podrían revertir esta tendencia.
Desafíos para un futuro cercano con una IA omnipresente
La inteligencia artificial ya se utiliza en áreas como la gestión de desastres naturales, donde permite anticipar eventos y mejorar la respuesta, y en la administración tributaria, facilitando la detección de fraudes. En términos generales, su implementación contribuye a aumentar la productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas del sector público.
El Instituto Alan Turing estima que la IA podría automatizar hasta el 84% de las transacciones repetitivas en los servicios públicos del Reino Unido, lo que equivaldría a un ahorro de 1.200 años de trabajo humano por año.
A pesar de este potencial, el uso de inteligencia artificial en el sector público aún avanza a un ritmo más lento que en el ámbito privado. Esto plantea un desafío estratégico para los gobiernos en un escenario global cada vez más competitivo y digitalizado.
