Cuatro personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Chos Malal, luego de una investigación que derivó en allanamientos en viviendas y locales comerciales. La Fiscalía sostiene que actuaban de manera conjunta, con diferentes funciones para la venta de cocaína y cannabis.
Los acusados habían quedado detenidos durante los procedimientos, pero el juez de garantías Eduardo Egea rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal del caso Natalia Rivera y ordenó que recuperaran la libertad.
Rivera solicitó la revisión de esa decisión, por lo que ahora deberá realizarse una nueva audiencia ante un tribunal integrado por tres jueces o juezas de garantías.
La formulación de cargos se realizó el viernes por la noche, después de allanamientos en tres domicilios y dos locales comerciales de Chos Malal. Durante los operativos se secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo, armas, municiones, balanzas de precisión y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.
Cómo funcionaba la presunta organización
De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía, los cuatro imputados habrían actuado conjuntamente al menos entre el 16 de julio y el 8 de octubre de este año.
Uno de ellos, identificado por sus iniciales como A.A.A., habría tenido el rol de proveer los estupefacientes y dar instrucciones relacionadas con su pesaje, fraccionamiento y posterior comercialización.
Los otros tres acusados, I.M.N., P.K.S. y L.A.F., habrían cumplido diferentes funciones relacionadas con la tenencia y venta de las sustancias y con movimientos de dinero realizados mediante billeteras virtuales.
Durante uno de los allanamientos fueron encontrados 81,6 gramos de cocaína compactada en la vivienda de uno de los investigados. En otro domicilio se secuestraron 185 gramos de cannabis, además de otras cantidades de estupefacientes.
La Fiscalía también incorporó como elementos de la investigación balanzas de precisión y dinero en efectivo. Rivera atribuyó a las cuatro personas el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautoras. A A.A.A. también le formuló cargos por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Por qué la fiscal pidió que permanezcan detenidos
Al momento de discutir las medidas de coerción, Rivera solicitó la prisión preventiva de los cuatro acusados al considerar que existían riesgos para el desarrollo de la investigación.
Entre sus argumentos mencionó la posibilidad de que pudieran acceder de manera remota a información almacenada en dispositivos electrónicos que fueron secuestrados durante los procedimientos.
También planteó que todavía resta entrevistar a personas que podrían aportar información sobre los hechos investigados y mencionó la existencia de testigos cuya identidad debe permanecer protegida.
El juez Egea entendió que esos elementos no justificaban las prisiones preventivas y dispuso la libertad de los cuatro imputados. Sin embargo, estableció durante cuatro meses la prohibición de acercamiento y contacto con dos testigos identificados en la causa.
La fiscal no estuvo de acuerdo con la resolución y pidió que sea revisada. Esa solicitud abre una nueva instancia judicial en la que otro tribunal deberá determinar si mantiene las medidas dispuestas por Egea o modifica la situación de los imputados.
Clausuraron una vivienda y embargaron billeteras virtuales
Durante la audiencia también se discutió qué ocurriría con los lugares que, según la acusación, eran utilizados para la comercialización de drogas. A pedido de Rivera, el juez resolvió prorrogar durante dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., señalada como uno de los puntos donde se realizaban las operaciones investigadas.
La Fiscalía también pretendía extender la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio, pero el magistrado rechazó ese planteo.
Además, se autorizó el embargo de fondos existentes en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F. En este último caso, el juez consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.
La causa continuará ahora con la investigación de los elementos secuestrados y la realización de las entrevistas pendientes, mientras se espera la audiencia en la que tres jueces deberán revisar el rechazo a las prisiones preventivas solicitado por la Fiscalía.
