Piden la captura de dos usurpadores de El Foyel

Tras una nueva ocupación de tierras en la zona cordillerana, reivindicando la tenencia ancestral de una comunidad mapuche, el Ministerio Público solicitó la formulación de cargos para los integrantes de la denominada Lof Gallardo Calfu, pero estos no se presentaron, argumentando la falta de internet para poder ingresar a la plataforma Zoom. Ante esta situación se dispuso la rebeldía y se ordenó la captura de las dos personas ocupantes de un predio privado en la zona de El Foyel. En la acusación pretendían el desalojo del campo, pero no pudo ser dispuesto por la ausencia de los acusados.

Para el Fiscal Jefe Martín Lozada "es claro que no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble”, y agregó que “permitir la continuidad de los ocupantes constituiría un desatino procesal”.

La audiencia estuvo prevista en un primer momento para las 13, pero ante la imposibilidad de conectarse, se dispuso que se presenten en el Juzgado de Paz de El Bolsón, ubicado a unos 43 kilómetros de El Foyel. Sin embargo, se produjo un nuevo retraso ante el cambio de abogado defensor de los acusados. De todas maneras, los integrantes de la Lof Gallarfo Calfu no se presentaron.

"Están debidamente notificados y pueden perfectamente acercarse al edificio del Poder Judicial en El Bolsón. Entiendo que es una dilación por parte de la defensa y no se ajusta a la realidad, por lo que solicitaré se declare la rebeldía y se fije captura, no hay otra manera que comparezcan. Hay una intencionalidad de no ajustarse a derecho", expresó el Fiscal de caso, Francisco Arrien.

Una ocupación así no debe continuar en el tiempo pues atenta contra quien de por si ya es victima de un proceder ilícito y carente de todos sustento legal

El Juez de Garantías Ricardo Calcagno consideró que no alcanzaron los argumentos de la defensa para justificar tal ausencia, haciendo lugar al pedido de captura ante la rebeldía. Aunque consideró que una medida cautelar como el desalojo requiere de la presencia de los acusados y su permanencia en la totalidad de la audiencia.

El propio Fiscal Jefe adelantó que apelarán la decisión ya que "permitir la ocupación ilegítima agravaría aún más la muy delicada situación” de las víctimas a quienes, además “se los perpetuaría en tal condición”.

“La presencia inicialmente subrepticia y actualmente amenazante de los imputados en el lugar, constituye el núcleo duro de la restricción de derechos sufridos por las victimas”, aseguró Lozada y continuó: "Una ocupación así no debe continuar en el tiempo pues atenta contra quien de por si ya es victima de un proceder ilícito y carente de todos sustento legal”.

Tras esta nueva ocupación, fue la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras quien defendió los intereses de la familia Soriani, compradores de las tierras y que se encuentran sin poder moverse de la casa que tienen en el campo, ante la presencia de los integrantes de la comunidad en la tranquera de acceso.

En declaraciones a distintos medios nacionales, volvió a apuntar contra el INAI, presidido por la rionegrina Magdalena Odarda, ex contrincante de Carreras en las elecciones provinciales, cuando la hoy funcionaria nacional acompañó en la fórmula a Martín Soria.