POLICÍAS ACUSADOS
Llevaban dinero de un mayorista mientras estaban de servicio
Los uniformados cobraban por ese servicio extra y lo realizaban mientras estaban de guardia en la comisaría.
Dos policías rionegrinos podrían ser separados de la fuerza y hasta una pena de prisión por realizar tareas adicionales para un conocido supermercado mayorista mientras estaban en horario de trabajo en la Comisaría. En la acusación se planteó que cobraban tres remuneraciones al mismo tiempo, por un lado el sueldo de policía, por otro lo que pagaba el comercio que también le abonaba el uso de sus autos particulares para el traslado de la recaudación.
En la acusación del Ministerio Público la jueza Romina Martini escuchó la metodología utilizada por los dos sargentos ayudantes para defraudar a la administración pública provincial, agravada por ser ambos funcionarios públicos, malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado de servicios, falsificación de instrumento público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
El fiscal Guillermo Lista acusó a Andrea de las Nieves Melin y Alfredo Pedro Millanao, ambos policías de la Comisaría 42 de Bariloche, en el sector del Alto, donde se encuentra el supermercado mayorista Diarco. En la formulación de cargos se describió que los dos policías realizaron traslado de dinero de la recaudación del comercio en horario de servicios.
Los dos sargentos ayudante percibieron una paga por el traslado del dinero y además en concepto de combustible por el uso de sus vehículos particulares. Para realizar estas tareas extras, falsearon documentos que regula el funcionamiento del servicio adicional que presta la fuerza en distintos comercios y empresas.
Se pudo determinar que durante más de un año Melin y Millanao cobraron más de 40 mil pesos cada uno por el traslado de caudales en horarios en que debían estar prestando servicios dentro de la Unidad 42. Y otros 20 mil cada uno por el uso de sus vehículos particulares.
La jueza Romina Martini deberá definir el los próximos días el destino de la causa. En caso de llegar a juicio y ser considerados culpables, les puede caber una pena de hasta cinco años de prisión.
