En la jornada de este miércoles se le formularon cargos por violar las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio, al dueño de una cervecería de Cutral Co por llevar a cabo un festejo de "Oktoberfest" el pasado 9 de octubre. En el cual participaron unas 90 personas.
La actividad que se llevó a cabo en un bar cervecero de la comarca petrolera, fue promocionada en redes sociales. En su momento el local fue clausurado y su propietario multado. Las fotos de la fiesta comenzaron a circular alrededor de las 19:30 de la tarde. Eran posteos que mostraban un nutrido grupo de clientes ubicados sin respetar la distancia social ni utilizar barbijos.
La fiscal del caso Gabriela Macaya formuló cargos al dueño, identificado con las siglas M.G, "a quien le atribuyó el delito de violar medidas para evitar la propagación de una epidemia". La imputación la hizo durante una audiencia efectuada mediante videoconferencia. La representante del Ministerio Público Fiscal planteó tras una denuncia telefónica, personal municipal del área de bromatología junto con efectivos de la Policía provincial, fueron a una cervecería propiedad del acusado. En el comercio constataron que se estaba realizando un evento social.
El evento se desarrolló sin respetar “los protocolos sanitarios establecidos en la normativa, al permitir sobrepasar la capacidad de personas habilitadas en el lugar, quienes no respetaron el distanciamiento social, como así tampoco el uso de protección facial”, argumentó la funcionaria judicial. El delito que la fiscal del caso atribuyó fue violación de medidas dispuestas por autoridad competente para evitar la propagación de una epidemia en carácter de autor (artículo 205 del Código Penal).
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado “violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ordenado por el Presidente de la Nación mediante Decreto 297/2020 de fecha 19/3/2020, y sus respectivas prorrogas, y los decretos provinciales del Neuquén 390/20, 412/20 de fechas 22/03/2020 y 27/3/2020 y sus respectivas prorrogas, con la finalidad de impedir la propagación del virus COVID-19”. Agregó que “estas disposiciones fueron intensificadas, imponiéndose mayores restricciones a la circulación y a las reuniones sociales atento el creciente número de casos contagiados en la provincia”.
La jueza de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos. Y el plazo de investigación fue fijado en tres meses.
