STJ rechazó una queja del médico que no quiso hacer aborto

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del médico de Cipolletti. El 4 de octubre de 2019 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra  fue condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a las penas de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación por no haber realizado un aborto no punible. La paciente había sido víctima de una violación y no pudo acceder a la interrupción de su embrazo.

Cabe destacar que en su momento la defensa del médico interpuso recursos ante el Tribunal de Impugnación que confirmó lo resuelto en primera instancia. Asimismo, se anexaron las pautas de conductas que debía cumplir el médico. En esa instancia el profesional nuevamente presentó otra impugnación extraordinaria y como consecuencia de su rechazo fue en queja ante el STJ.

El fallo del máximo Tribunal de Río Negro argumentó que no hubo una arbitrariedad que justificara el recurso de queja, y señaló que los planteos de la defensa son cuestiones de hecho y prueba que ya fueron revisados en etapas anteriores.

Los planteos de la Defensa desestimados por el STJ encadenaron dos situaciones que ocurrieron primero en el hospital de Fernández Oro, al que concurrió la paciente la primera vez, y luego en el hospital de Cipolletti.

En Fernández Oro se determinó que la paciente se encontraba cursando un embarazo producto de una violación y que era su voluntad interrumpirlo, para lo que había dado su consentimiento informado el 29 de marzo del año 2017, circunstancia que le fue transmitida vía telefónica a Rodríguez Lastra.

El médico recibió a la paciente en el Hospital Área Programa de Cipolletti el 02 de abril del mismo año, con el proceso de interrupción en curso, oportunidad en que el imputado no solo no permitió que el aborto siguiera, sino que lo impidió, al suministrar determinada medicación que inhibía las contracciones que aquella ya tenía.

En función de esos argumentos el máximo tribunal desestimó el planteo de la defensa que procuró separar lo ocurrido entre ambas fechas alegando su desconocimiento de la identidad de la paciente que recibía, respecto de aquella de la cual había sido informado por teléfono días atrás.

La Defensa también había dicho que el médico desconocía “el origen violento y delictivo del embarazo y sobre la decisión informada de la joven para interrumpirlo voluntariamente. Este agravio merece idéntica respuesta negativa pues tales circunstancias le habían sido transmitidas desde el Hospital de Fernández Oro por varios profesionales del área de salud”.

Otro de los planteos analizados fue sobre la supuesta infección que cursaba la paciente, lo que habilitaba, según la defensa, a priorizar la salud de la joven por sobre la práctica del aborto lo que no pudo ser demostrado en el juicio puesto que el médico del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, quien analizó la historia clínica, no corroboró esa posibilidad.

El fallo también sostiene que al imputado, médico en un hospital público de Río Negro, por lo tanto, funcionario público, se lo condenó por el delito de incumplimiento de sus deberes, figura prevista en el art. 248 del código de fondo.