Abusó de una mujer y lo beneficiaron con prisión en su casa

A la Justicia poco le importó la violencia varias veces demostrada por él y por la patota que dirige, motivos suficientes como para mantener tras las rejas al dirigente de los desocupados Miguel Báez. Sin embargo, apenas 72 horas después de considerarlo culpable del delito de abuso sexual simple, fue beneficiado para cumplir la prisión preventiva ordenada en su casa con el monitoreo de una tobillera electrónica.

El pasado viernes, los jueces Verónica Rodríguez, Gastón Martín y Alejandro Pellizón resolvieron que Báez era culpable de tocar a una joven que cumplía tareas en el local de la organización de desocupados ODEL, la que regentea el dirigente.

Además le dieron crédito a la denuncia en la que la víctima explicaba el manejo de Báez, quien le ofreció bolsones de comida a cambio de tener relaciones sexuales con ella.

Durante el primer día hábil posterior al fallo que lo considera culpable de abusar sexualmente de una mujer, se desarrolló una audiencia para evaluar la medida cautelar que mantenía a Báez cumpliendo prisión preventiva en una comisaría desde fines de marzo.

El pedido lo realizó la defensa fundamentada en las "necesidades del grupo familiar" del dirigente. Al mismo tiempo, una patota que responde a Báez y sus familiares protestó en las puertas de la Comisaría 47° de Gómez en reclamo de su liberación.

El abogado Oscar Pineda propuso un acuerdo al que accedió el fiscal Jefe Andrés Nelli y los jueces lo ratificaron sin proponer ninguna medida intermedia ya que fue voluntad de los litigantes, como estipula el sistema penal acusatorio rionegrino.

Los jueces justificaron su decisión en el carácter vinculante del acuerdo: "El abogado querellante y la víctima manifestaron su acuerdo, con la condición de que se le asegure a la mujer una seguridad policial en su casa y la prohibición de cualquier tipo de contacto o comunicación del hombre con ella y su familia. Tampoco podrá contactarla a través de terceras personas".

De todas maneras, el abogado querellante, negó haber estado de acuerdo, sin embargo prosperó la aceptación de la fiscalía, aunque aseguró que solicitó las medidas de custodia para la víctima. Y cualquier incumplimiento es causal para que se revoque el beneficio.

El próximo 14 de diciembre será el juicio de cesura, en el que se determinará la pena que le cabe a Báez por esta causa.

Este mismo dirigente tuvo que enfrentar cargos varias veces en la Justicia por su comportamiento violento en diferentes protestas. Fue acusado de golpear a una policía en un piquete en la ruta 22, también de pegarle a un uniformado que impedía que ingrese a la sede del Ministerio de Gobierno en Roca. Y mientras era acusado por el delito de abuso, unas 50 personas coparon la sede del diario Río Negro en Roca, en la que hicieron destrozos.