Adulteraron un pagaré y quedaron acusados de estafa

Dos personas prestaron dinero a otras dos y les hicieron firmar un pagaré por una cierta cantidad de dinero, pero luego adulteraron ese documento y lo quisieron ejecutar por vía judicial. Si bien la maniobra ocurrió en 2016, recién el viernes pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos por los delitos de estafa procesal y adulteración de documento.

El fiscal de delitos Económicos, Marcelo Jara, formuló cargos contra M.J.N y L.C.G los prestamistas de esta historia a quienes les atribuyó haber modificado el monto de un pagaré y luego haberlo ejecutado mediante un trámite judicial por una suma sensiblemente mayor al original.

La teoría fiscal es que los imputados defraudaron los intereses de J.M.O.P y de C.R.O.P, en el  marco de un expediente tramitado ante el juzgado de Juicios Ejecutivos 3 de Neuquén. El 8 de junio de 2018 se formuló una demanda en la sede de ese juzgado y se presentó un pagaré firmado por los damnificados, por la suma de 1.200.000 pesos más gastos, intereses y honorarios. En la demanda se destacó que el pagaré se firmó el 3 de febrero de 2016 y al vencimiento no había sido cancelado por las personas firmantes.

Pero, según describió el fiscal, tras una serie de pericias policiales se logró verificar que el documento había sido firmado como garantía de un préstamo dinerario otorgado por M.J.N, por un total de 130 mil pesos. El vencimiento era el 10 de febrero del mismo año, es decir, una semana después de la firma, y por un total 200 mil pesos. El fiscal Jara remarcó además que las pericias demostraron la adulteración del pagaré mediante el agregado de un número al insertado originalmente, transformando la cifra de 200 mil pesos en 1.200.000 pesos. Esa fue la suma por la que se accionó luego en el juzgado de juicios ejecutivos y que llevó al engaño a los titulares de esa dependencia judicial.

“Esta maniobra nos permite sostener que tanto  M.J.N como L.C.G han incurrido en el delito de estafa procesal, en concurso ideal con el uso de documento privado adulterado en calidad de coautores”, explicó Jara.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Carolina García hizo lugar a la formulación de cargos y ordenó el plazo ordinario de cuatro meses para la etapa de investigación preliminar.