Avanza una causa por corrupción en la Policía de Neuquén

Una mujer que se benefició con la manipulación de procesos de licitación realizada desde la Policía de Neuquén por 6 millones de pesos, fue acusada este viernes por la fiscalía de Delitos Económicos. La causa ya tiene otro imputado, un agente de la fuerza que desde su oficina de Contrataciones de la fuerza se encargó de convocar a licitaciones pero falsear dolosamente correos electrónicos de oferentes, para adjudicar directamente las compras a la imputada. Pero hay otra empresaria a la que también se le formularán cargos, se anunció. Entre ambas, se beneficiaron en 35 ventas a la Policía, desde repuestos para automóviles hasta frutas y verduras.

La asistente letrada de la fiscalía de Delitos Económicos, Elisa Carossio, fue quien acusó a una mujer por haber participado en una serie de maniobras que determinaron un perjuicio económico cercano a los 6 millones de pesos al Estado provincial. Ocurrió durante una audiencia de formulación de cargos y la mujer fue imputada en carácter de partícipe primaria.

Por esta misma causa, el 19 de noviembre de 2020 fue acusado Ángel Emilio Madaschi, un agente de la policía provincial que prestaba funciones en la división Contrataciones de la Dirección de Administración de esa institución. Se le imputó haber realizado una serie de maniobras para sortear procesos de compra por licitaciones públicas y en su lugar adjudicar directamente a dos oferentes: la mujer que fue acusada hoy, S.M.V, y J.G.P, a quien se le formularán cargos oportunamente, según se anticipó en la página del Ministerio Público Fiscal.

Según describió la asistente letrada, la maniobra que originó el perjuicio a la Administración Pública tuvo como autor fundamental a Madaschi, pero con la connivencia de las privadas S.M.V y J.G.P. La defraudación al  Estado consistió en cumplir con el mínimo de oferentes que requiere la normativa para avanzar en procesos de licitación, pero al momento de notificarlos, incurrir en errores dolosos y modificar intencionalmente las direcciones de correos electrónicos a las cuales se enviaban las notificaciones. De ese modo, S.M.V y J.G.P resultaron ser los únicos oferentes en un total de 35 expedientes de compra, sin que el resto de las empresas o particulares que podrían haber presentado ofertas conocieran del proceso en marcha.

Durante la audiencia realizada el viernes, la asistente letrada adjudicó a S.M.V haberse beneficiado directamente en un total de 27 procesos, con ventas al Estado provincial de distintos tipos de productos: desde repuestos para vehículos hasta frutas y verduras.

Carossio calificó el hecho como constitutivo del delito “defraudación agravada por ser en perjuicio de la Administración Pública en forma reiterada (27 hechos en concurso real), en calidad de partícipe primaria”.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y, a pedido de la fiscalía, definió la investigación como “causa compleja” y la enmarcó dentro del plazo de “un año de investigación del legajo original”.