Allanaron ocho viviendas de comunidades mapuche en Bariloche

Ocho allanamientos simultáneos fueron concretados por orden de la Justicia de Neuquén, en el contexto del ataque incendiario contra máquinas viales en la localidad de Villa La Angostura. La policía secuestró teléfonos, prendas, cuadernos, armas y municiones, pero no se informó de detenciones.

Los procedimientos fueron dispuestos por el fiscal de La Angostura, Adrián De Lillo, y avalados por el juez de Garantías Juan Pablo Balderrama quien, vía exhorto, pidió colaboración a la Justicia y Policía de Río Negro.

Entre las ocho y las diez de la mañana, los habitantes de varios barrios de Bariloche se vieron sorprendidos por la movilización de vehículos y de efectivos policiales.

Se supo que la mayoría de las viviendas allanadas pertenecen a integrantes de comunidades mapuche. Trascendió que las diligencias fueron llevadas adelante en algunos hogares donde residen integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

Se informó en la página del Ministerio Público Fiscal que en siete de las ocho viviendas allanadas se concretaron secuestros. Por ejemplo, se informó que se incautaron un total de 13 teléfonos celulares, 3 computadoras y unidades de almacenamiento. También secuestraron prendas de vestir, escritos, cuadernos y folletos con reivindicaciones y exigencias referidas al reclamo de las comunidades mapuche sobre el territorio.

Finalmente, en dos de las viviendas se secuestraron armas y municiones: en un caso, una pistola de juguete réplica de 9 milímetros y 5 balas reales de ese tipo de arma de fuego. En otro domicilio se halló un arma de fabricación casera con un cartucho calibre 12 en su interior, además de otros 3 cartuchos del mismo calibre con signos de percusión fallida.

“El operativo se desarrolló sin incidentes y en aproximadamente 2 horas, entre las ocho y las diez de la mañana de hoy, de manera simultánea. No hubo detenidos y fue solicitado por la fiscalía de Villa La Angostura, en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya, quienes obtuvieron la autorización del juez de garantías Juan Pablo Balderrama. Este último, vía exhorto, solicitó la colaboración del Poder Judicial de Río Negro y de la policía de esa provincia”, se consignó en el informe oficial.

La causa se originó el 14 de octubre pasado cuando alrededor de la una y media de la madrugada, dos personas que cubrían sus cabezas con capuchas y estaban armadas,  sorprendieron al sereno de la obra de Circunvalación –en el segundo puente- y lo obligaron a retirarse del lugar. Segundos después, cuatro máquinas viales quedaron consumidas por las llamas.