Son dueños de San Formerio, deben 9 palos y los busca la Federal

La llegada de un patrullero de la Policía Federal a la sede de San Formerio ya no es raro. Es que varias veces los uniformados fueron con la intención de notificar a la familia Muñoz, dueños de la empresa frutícola, sin embargo siempre fue imposibles hallarlos. También fueron a sus domicilios particulares, pero el personal doméstico siempre contestaba los mimos "el señor no está". Cansado de las dilaciones en el proceso, el Juez Federal de Roca, Hugo Greca ordenó la detención de los cinco integrantes de la sociedad para poder tomarles declaración indagatoria.

La medida fue resuelta en el transcurso de la mañana de ayer y ya al mediodía, los federales tenían en su poder la orden de detención y hasta se montó guardia fuera de la empresa para apresar a Manuel Muñoz, Hugo Muñoz, Fernando Muñoz, Elvira Muñoz y Eladio Muñoz. Todos están acusados por la AFIP de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social y desde marzo de este año habían intentado notificarlos sin éxito.

La orden de captura aclara que es a los fines "de recibírseles la declaración indagatoria". Los empresarios deben aclarar por qué retuvieron 9.536.177,92 pesos que les descontaron a sus empleados para pagar cargas sociales entre 2016 y 2017, sin embargo nunca realizaron los depósitos correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Durante los últimos años, la empresa que produce peras y manzanas y luego de empacarlas las exporta, tuvo bastante problemas financieros y era común ver acampes y protestas en la puerta de la principal planta que tienen sobre la ruta 65, a pocos kilómetros del casco urbano de Roca. Los empleados rurales de las muchas chacras se quejaban por la falta de pago, sobre todo los golondrinas que cumplían tareas y cuando debían volver al norte del país no obtenían el dinero prometido.

Aunque se intentó notificarlos de diversas maneras, nunca fue posible, la Justicia debió recurrir al Boletín Oficial y a través de un edicto de citación de personas intentar localizarlos o que se presenten voluntariamente. Pero luego de tres publicaciones, no hubo novedades.

Por lo tanto y ante la evidente intención de mantenerse alejados del proceso, el fiscal Federal le solicitó a Greca la captura por rebeldía. También, en agosto, el pedido el apoderado de AFIP, reiteró el pedido y solicitó además la intervención a la Defensoría Oficial. A partir de esta medida, el magistrado ordenó la rebeldía y la captura de los empresarios que ya se encuentra en plena vigencia.

La Ley previsional establece una pena de dos a seis años de prisión para el empleador que no deposite "total o parcialmente dentro de los treinta días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cien mil pesos, por cada mes". En este caso la deuda asciende a 9.536.177,92 más los intereses calculados hasta la fecha de pago.