En el marco de su ambicioso plan de desregulación y liberalización económica, el presidente Javier Milei avanza con una reforma estructural que busca cambiar la manera en que el Estado controla y recauda sobre las actividades patrimoniales y financieras de los ciudadanos. Uno de los ejes más relevantes de esta transformación es el nuevo esquema de fiscalización impulsado a través de la Agencia de Recaudación (ARCA), que modifica profundamente el régimen informativo vigente hasta ahora.
El corazón de este cambio radica en el aumento de los umbrales mínimos para declarar transacciones patrimoniales, lo que deja fuera del radar de ARCA a una enorme cantidad de operaciones que antes eran monitoreadas sistemáticamente. Según explicaron fuentes oficiales, se trata de una decisión que busca “actualizar montos que estaban completamente desfasados por la inflación” y, a su vez, descomprimir los procesos administrativos de control.
Qué operaciones ya no deberán ser informadas
Hasta ahora, quienes compraban o vendían propiedades, autos o realizaban consumos relevantes con tarjetas de crédito, debían declararlos a la AFIP, y dichos datos eran procesados por ARCA para cruzar información patrimonial. Con la reforma, esa exigencia desaparece en la mayoría de los casos.
A partir de ahora:
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Ya no será obligatorio informar la compra o venta de inmuebles ante ARCA, ni tampoco notificar cuando una propiedad se pone a la venta.
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Las concesionarias de autos dejan de reportar la compra de vehículos a nombre de personas físicas.
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Los escribanos quedan liberados de la carga de cruzar digitalmente datos patrimoniales relevantes como la escrituración de inmuebles o herencias.
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Los consumos con tarjetas de crédito ya no serán considerados un factor de análisis fiscal, por lo tanto no se incluirán en los indicadores automáticos de evolución patrimonial.
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Ya no será necesario justificar la evolución del patrimonio personal en la declaración jurada: solo se informarán los ingresos y las deducciones admitidas.
De este modo, operaciones que antes disparaban alertas automáticas quedarán ahora fuera del radar. Solo deberán informarse las transacciones cuyo monto supere los 15 millones de pesos para operaciones comunes y 30 millones en casos específicos, como pueden ser movimientos societarios o patrimoniales más complejos.
Un nuevo patrón: menos control, más libertad
Desde el Gobierno se remarca que esta reforma busca “respetar la libertad individual” y desactivar el sistema de presunción fiscal que penalizaba el ahorro informal. “Cada uno podrá tener sus ingresos privados y en negro que quiera sin informar”, aseguran funcionarios del Ejecutivo, en una lógica que apunta a un cambio filosófico más que técnico: desarticular los mecanismos de control cruzado y fomentar el sinceramiento patrimonial sin coerción.
El Presidente ha sido explícito al respecto: “No me importa de dónde sacó los dólares la gente. Quiero que puedan usarlos sin dejar huella”. Bajo este principio, se proyecta un nuevo modelo económico donde los ciudadanos podrán utilizar libremente sus dólares sin que el Estado investigue su origen, lo que ha sido interpretado por analistas como un blanqueo sin costos ni consecuencias penales o fiscales.
¿Qué busca el nuevo esquema?
La intención de fondo no es meramente técnica. Según Milei, liberar el uso del dinero informal puede ser una vía para inyectar hasta 400 mil millones de dólares al sistema, cifra que —según su estimación— permanece fuera del circuito financiero. Esto, en su visión, permitiría dinamizar el crecimiento económico sin necesidad de emisión monetaria por parte del Banco Central, habilitando lo que él denomina una “dolarización endógena”.
Además, al eliminar los mecanismos de control tradicionales, el Gobierno busca que quienes operaban fuera del sistema financiero comiencen a utilizar canales formales, sin miedo a represalias impositivas.
¿Qué impacto puede tener?
Aunque el objetivo declarado es reducir la presión fiscal y fomentar la inversión privada, economistas y especialistas en lavado de activos advierten que la eliminación de estos reportes puede abrir una zona gris para movimientos financieros opacos. Ya no se reportarán compras de inmuebles, autos ni consumos por tarjeta, lo que plantea dudas sobre la capacidad del Estado para detectar inconsistencias patrimoniales o movimientos sospechosos.
Por lo pronto, ARCA y la AFIP ya trabajan bajo el nuevo paradigma, y el mercado observa con atención cómo impactará este cambio en la bancarización, la recaudación tributaria y, especialmente, en la posible repatriación de divisas ocultas.