Un tribunal de revisión confirmó la prisión preventiva por cuatro meses para el oficial de la policía neuquina que golpeó y amenazó a su pareja con matarla con su arma reglamentaria.
El fiscal Pablo Vignaroli, quien impulsó la acusación en la audiencia de este lunes, solicitó al tribunal que ratifique la prisión preventiva ante el pedido de la defensa de una morigeración de esa medida.
Cuando se formularon cargos a J. M. P, Vignaroli planteó que siguen vigentes los riesgos procesales por los cuales fue impuesta la prisión preventiva el pasado viernes: riesgo para la integridad de la víctima y de entorpecimiento de la investigación.
“El juez que impuso la prisión preventiva remarcó la solidez de la investigación”, indicó Vignaroli en la audiencia. “Y también especificó los riesgos que existen para imponer la prisión preventiva, que son para la integridad de la víctima y el entorpecimiento de la investigación”, especificó. “Por esta razón consideramos que este tribunal debe confirmar la medida impuesta”, culminó.
El tribunal revisor respaldó el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y confirmó por unanimidad la prisión preventiva, por un plazo de cuatro meses.
J. M. P tiene cargo de oficial y está bajo investigación por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y la violencia de género en concurso real con coacciones agravadas por el uso de arma, en carácter de coautor.
De acuerdo con la investigación que dirige la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 25 de mayo alrededor de las 12 del mediodía, en una vivienda de Rincón de los Sauces. El efectivo policial y su pareja discutieron y, en el marco de una relación marcada por contexto de violencia de género. Él comenzó a golpearla con patadas y cachetadas. Luego, sacó el arma reglamentaria que tenía guardada y le dijo que la iba a matar.
Al momento de hacer la formulación de cargos, la fiscal del caso Rocío Rivero indicó que “él coaccionó a su pareja diciéndole que no iba a dejar que se llevara a la niña”.
La mujer logró salir de la vivienda y pidió ayuda a un vecino, que también es efectivo policial. Este uniformado alertó de la situación a sus superiores y solicitó más personal en el lugar. En conjunto, convencieron al acusado de que entregara el arma y que dejara salir a una niña que permanecía en el interior de la casa.