Certificados truchos: evalúan imputar a médicos, docentes y empleados públicos

Luego de los ocho allanamientos realizados este jueves en centros médicos, consultorios y viviendas particulares en relación a la investigación por la emisión de más de 3600 certificados médicos truchos en Neuquén, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que una vez analizada la documentación y elementos secuestrados evaluarán la formulación de cargos a los profesionales y a las personas que utilizaron estos certificados. 

Así lo confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli que supervisó los procedimientos realizados este jueves por el fiscal del caso Diego Azcárate con la colaboración de la Policía de Neuquén. "Cuatro médicos habrían certificado inasistencias en un total de 25000 días aproximadamente. Presentada  la denuncia y constatados los lugares donde estos médicos no solamente residen sino también atienden, se llevaron adelante los ocho allanamientos en los cuales se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación en papel", explicó Vignaroli.

Agregó que "una vez analizados estos secuestros la Fiscalía va a evaluar la formulación de cargos no solamente a los médicos sino también a estas personas que utilizaron estos certificados, ya que con la utilización de los mismos se han abonado días que estas personas no trabajaron". 

Los ocho allanamientos se realizaron en centros médicos, consultorios y viviendas particulares en las ciudades de Neuquén, Zapala, Picún Leufú, Cutral Co y Rincón de los Sauces.

El objetivo de los allanamientos requeridos por el titular de la fiscalía de Asignación de Casos y Atención al Público fue secuestrar documentación sobre turnos e historias clínicas, además de equipos informáticos como computadoras, tablets y teléfonos. Esto se debe a que intentan determinar las pautas bajo las cuales fueron otorgados los certificados médicos en diferentes especialidades, entre enero y julio del actual año. 

En forma provisoria, de acuerdo a la denuncia que presentó la Fiscalía de Estado a mediados de agosto, entre el 1 de enero y 25 de julio de este año fueron otorgados más de 3.000 certificados a docentes y empleados de la administración pública, que implicaron en conjunto más de 25 mil días de licencias. 

Una vez terminando los procedimientos, el fiscal del caso comenzará con el procesamiento de la información, para determinar a qué fiscalía asignará la continuación de la investigación.