El ex policía Rubén Ángel "el Gato" Muñoz, volvió a ocupar el centro de la escena en Río Negro. Aunque fue expulsado de la fuerza por reiteradas faltas de conducta y carga sobre sus espaldas una condena de prisión condicional con estrictas prohibiciones judiciales, no cesa en su intento por agitar las aguas dentro de la Policía rionegrina.
En las últimas horas, trascendió un instructivo difundido por Muñoz en redes sociales y grupos de WhatsApp que, bajo el título encubierto de “ideas para visibilizar la situación policial”, funciona como un verdadero manual para protestar.
El documento, difundido por el Consejo de Bienestar Policial, propone una serie de medidas simbólicas para expresar descontento sin incurrir en delitos, pero con un claro objetivo político: presionar al gobierno provincial en plena antesala electoral. Conocida su relación cercana con el sorismo y su cargo de asesor en el Deliberante de Roca.
La propuesta incluye desde marchas silenciosas con esposas colgando del cinturón, hasta la entrega de folletos, carteles con consignas fuertes como “El uniforme no tapa el hambre” o “Nos usaron, nos abandonaron”, y hasta la presencia de policías retirados con sus viejas insignias como sucedió esta semana a la vera de la ruta 22.
En otra sugerencia, se recomienda llevar facturas de servicios y recibos de sueldo ampliados en cartón con frases del estilo: “¿A vos te alcanzaría?”.
Aunque el contenido evita la confrontación directa, su trasfondo no pasa desapercibido: revivir el clima de tensión que, como hace dos años, podría derivar en cortes de ruta o disturbios internos, como el reciente piquete de uniformados retirados sobre la ruta 22, a la altura de Cervantes.
Un líder bajo la lupa judicial
Muñoz fue cesanteado oficialmente el 19 de julio de 2019 por resolución del entonces jefe de Policía Daniel Jara —hoy ministro de Seguridad— tras múltiples episodios de indisciplina. Desde entonces, construyó un espacio de influencia con sectores descontentos dentro de la fuerza, al margen de los canales institucionales y en clara contraposición al poder político.
En su haber ya acumula dos condenas penales. La más reciente, firmada este año, surgió luego de un episodio ocurrido en la línea de cajas de un supermercado de General Roca, donde increpó y amenazó al ministro Jara. El caso terminó con un acuerdo judicial avalado por el propio funcionario para evitar la prisión efectiva.
El resultado: una condena única de 3 años de prisión condicional y dos años de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de alentar protestas uniformadas y de acercarse a unidades policiales, salvo en casos de urgencia.
Las condiciones son estrictas: no puede hostigar ni contactar a su víctima, publicar referencias a ella en redes sociales, ni violar las restricciones de acercamiento. Además, debe fijar domicilio, presentarse trimestralmente ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y no incurrir en nuevos delitos. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas podría enviarlo directamente a prisión.
Política, redes y la sombra electoral
Actualmente, Muñoz trabaja como asesor del concejal peronista Juan Mercado, dirigente alineado con la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, reconocida opositora al oficialismo provincial. Desde ese lugar, y amparado por su imposibilidad de participar presencialmente en actos o manifestaciones, opera a través de canales digitales, consolidando una red de influencia que se extiende por varias unidades policiales, especialmente en el Alto Valle.
El manual recientemente difundido, si bien evita incitar abiertamente a desobediencia, funciona como una hoja de ruta alternativa para erosionar la autoridad institucional, sin arriesgar penalidades inmediatas para sus seguidores. Muñoz sabe que tiene los ojos de la Justicia encima, y por eso se mueve en una zona gris legal que lo mantiene activo y vigente sin romper —del todo— las reglas que le impuso el tribunal.