La Justicia dio un paso clave en la cusa de Valentín Mercado Toledo, el nene cuatro años que murió en 2024 en una sala de operaciones del sanatorio Juan XXIII de Roca mientras le realizaban una cirugía por una hernia diafragmática. Hoy, en la Ciudad Judicial, se celebró la audiencia de control de acusación en la que se ratificaron los cargos que enfrentará el médico en juicio oral y público. El eje de la acusación está puesto en su conducta profesional durante la operación: no monitoreó adecuadamente los signos vitales del paciente, y ese descuido, según la fiscalía, fue determinante en el fatal desenlace.
Según la investigación, durante la operación se registró una ausencia prolongada de los parámetros vitales del niño. No hubo registros de presión arterial ni de oxigenación durante al menos diez minutos, una situación incompatible con la vida y suficiente para provocar un daño cerebral irreversible. Valentín murió días después.
La fiscalía expuso que el médico anestesiólogo, a cargo del monitoreo y control del paciente, no habría cumplido con los protocolos básicos exigidos por su función. Esta presunta falta de atención, calificada como negligente e imperita, será el núcleo del debate judicial. La querella que representa a la familia del niño acompañó la postura del Ministerio Público y solicitó avanzar sin demoras hacia el juicio.
Durante la audiencia de control de acusación, los abogados del médico intentaron interrumpir el trámite para evaluar una posible salida alternativa. La solicitud fue rechazada por la fiscalía y la querella. La expectativa de la familia es clara: buscan una condena efectiva y la inhabilitación del profesional. El juez, por su parte, consideró que existían condiciones suficientes para que el proceso continúe en la etapa de juicio oral, por lo que a causa quedó formalmente habilitada para que se fije fecha.
Denuncias de amenaza
A esta situación judicial se sumó un incidente ocurrido en las horas previas a la audiencia. La madre del niño denunció al médico por un episodio de hostigamiento mientras realizaba actividades vinculadas al reclamo de justicia. La fiscalía tomó intervención y pidió una prohibición de acercamiento entre las partes, medida que fue aceptada por el juez con carácter recíproco.
En cuanto a las pruebas, el expediente ya cuenta con elementos técnicos y documentales clave: la historia clínica del menor, registros de los monitores quirúrgicos, informes periciales, entrevistas a profesionales del sanatorio y estudios médicos realizados tras el fallecimiento. Todo ese material será evaluado por un juez unipersonal, quien deberá determinar si existió una conducta profesional negligente y si esa conducta fue la causa de la muerte.