El caso de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que falleció tras una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, sigue generando repercusiones judiciales y sociales. Mientras la familia busca justicia por lo que consideran un caso de mala praxis, la madre del pequeño, Ariana Toledo, denunció haber sido amenazada por el médico Mauricio Atencio Krause, en un episodio ocurrido en la intersección de 9 de Julio y Buenos Aires, cerca del sanatorio.
Según el relato de Toledo, el hecho ocurrió cuando ella se encontraba pegando carteles con consignas de reclamo por la muerte de su hijo. En ese momento, el médico la reconoció y se acercó para exigirle que dejara de hacer lo que estaba haciendo, advirtiéndole que la iba a “pasar muy mal”. La mujer intentó evitar el conflicto y le pidió que se retirara, pero quedó paralizada y afectada emocionalmente por la situación.
La denuncia y el pedido de medidas cautelares
Tras el episodio, Toledo se dirigió a la Comisaría 3ª para radicar la denuncia, aunque en un primer momento no quisieron tomarla, argumentando que no había lesiones físicas. Sin embargo, el abogado de la familia, Miguel Ángel Zeballos, explicó en radio La Super que la amenaza constituye un delito tipificado, ya que implica un riesgo real para la denunciante.
El abogado explicó que en la audiencia judicial prevista para hoy solicitará medidas cautelares contra Atencio, incluyendo la prohibición de acercamiento y hostigamiento por cualquier medio. Si bien no se pedirá prisión preventiva, el abogado advirtió que, si el médico reincide en su conducta, se solicitará su detención preventiva.
El contexto del reclamo y la causa judicial
Valentín ingresó al Sanatorio Juan XXIII el 11 de julio de 2024 para una cirugía programada por una hernia diafragmática. La intervención, que debía durar poco más de una hora, se extendió al doble de tiempo y, aunque los médicos aseguraron que había sido exitosa, el niño nunca despertó. Días después, la familia recibió la noticia de su muerte cerebral, atribuida a una hipoxia causada por fallas en el procedimiento anestésico.
La causa judicial investiga si hubo impericia y negligencia por parte del equipo médico, especialmente del anestesista, quien no habría verificado el correcto funcionamiento del capnógrafo, un dispositivo clave para monitorear los niveles de dióxido de carbono en pacientes bajo anestesia general.
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