Un nuevo procedimiento judicial volvió a encender las alarmas sobre uno de los delitos más crueles e invisibles de nuestra era: distribución de material de abuso sexual infantil. Como sucede habitualmente en este tipo casos, fue impulsado por una alerta internacional proveniente del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, que detectó actividad sospechosa vinculada a la difusión de este tipo de contenidos aberrantes.
Durante más de tres horas, agentes de la Brigada de Investigaciones y personal del Gabinete de Criminalística secuestraron múltiples dispositivos electrónicos. La fiscalía imputó a un joven, cuya identidad y ubicación se mantienen bajo reserva para no entorpecer la investigación. Todo el material quedó a disposición de peritos especializados de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), con sede en Viedma.
El caso no es aislado. En los últimos años, este tipo de alertas internacionales desembocaron en múltiples investigaciones en la región. Un precedente cercano es el de Emiliano Gatti, ex conductor de televisión condenado en 2024 a seis años de prisión por distribuir contenido de abuso sexual infantil. El juicio sentó un hito al visibilizar cómo este flagelo también habita en perfiles públicos, aparentemente irreprochables.
Detrás de las cifras y procedimientos judiciales, subyace una verdad que incomoda: las redes de abuso operan en silencio, muchas veces amparadas por la impunidad que otorgan la tecnología y el anonimato. Quienes trabajan en estas investigaciones coinciden en un punto: los involucrados no responden a un perfil previsible. Y la forma de operar es siempre a través de descargas de la "Dark Web" (internet oscura) pero lo hacen a través de viejos programas hoy obsoletos para compartir archivos como el Emule o Ares, utilizados a principio de siglo para transferri múscia o peliculas. El P2P (peer-to-peer) es un sistema de intercambio entre usuarios directamente sin la necesidad de un servidor.