En un hogar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Roca, donde los niños institucionalizados deberían encontrar protección y contención, el abuso y el maltrato marcaron sus vidas. Luego de años de silencio, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos auxiliares asistenciales por el maltrato sistemático y hasta abuso sexual a los que sometían a los menores de edad en estado de vulnerabilidad que debían proteger y cuidar. Las víctimas son pequeños entre 1 y 5 años, a quienes les había puesto apodos peyorativos y también habrían insultado
La audiencia celebrada este jueves dejó en claro la gravedad de los hechos. A pesar de los intentos de la defensa por desestimar las acusaciones, el juez de Garantías validó la imputación y otorgó un plazo de dos meses para la investigación contra dos hombres que infringían malos tratos y tocamientos contra los niños. El caso trascendió a mediados de 2023 y recién la Justicia lo hizo público el año pasado. Tras casi un año de investigación, finalmente se le formularon cargos contra los dos operadores, quienes fueron desplazados de las tareas que desarrollaban a diario, aunque se espera la confirmación del Ministerio de Desarrollo Humano sobre si continúan dentro de esa cartera.
Según la fiscalía, respaldada por la defensora de menores, los niños y niñas habrían sido sometidos a maltratos persistentes entre abril de 2021 y septiembre de 2023. La denuncia describe amenazas constantes, utilizadas para silenciar los testimonios y perpetuar el abuso dentro del hogar. Pero el horror no termina ahí. En dos hechos específicos, uno de los operadores imputados realizó tocamientos inapropiados a tres menores, además de amenazar a una de las víctimas.
¿Qué hicieron?
De acuerdo con la calificación fiscal, en el primer hecho investigado. los dos acusados, que se desempeñaban como auxiliares asistenciales, maltrataron a ocho niños y niñas en el período comprendido entre abril de 2021 hasta septiembre de 2023. Situación que se circunscribe en una violación a la Convención Internacional sobre los Derechos del niño, niña y adolescente. La maniobra tuvo como intención que "los menores para evitar que contaran los maltratos”.
en un segundo y tercer hecho. fue el "hombre que habría realizado tocamientos a tres de los menores, y a una de ellas la habría amenazado”, describió el fiscal en su acusación ante el juez de Garantías, a quien le aclararon que las víctimas tenían entre 1 y 5 años en el momento de ser sometidos.
La calificación legal por la que el hombre quedó imputado es la de “amenazas coactivas continuadas en calidad de co-autor, y abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda, en calidad de autor y en concurso real, todo en concurso real. Mientras que la mujer deberá responder por los delitos de “amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora”.
La calificación legal que enfrenta es la de amenazas coactivas y abuso sexual simple agravado por su rol como encargado de la guarda. En tanto que la mujer, por su parte, deberá responder por su participación en las amenazas coactivas y el maltrato sistemático. Luego de casi un año de trabajo, el Ministerio Público Fiscal presentó un cuerpo de evidencia contundente que respalda la acusación como testimonios de trabajadores del hogar; denuncia de la coordinadora institucional. Informes de profesionales de la Senaf y psicólogos; y evaluaciones de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Pero la certeza llegó al a voz de las víctimas, quienes en Cámaras Gesell relataron los padecimientos ante los integrantes del Cuerpo de Investigación Forense. También sirvió para la acusación, la documentación de la Junta de Disciplina y certificaciones laborales de los acusados.
Sin embargo, las defensas intentaron desestimar la acusación. La abogada de la mujer imputada argumentó que "no hay registros de estos hechos en los libros diarios del hogar", mientras que el defensor del imputado varón, sostuvo que es llamativo que en tres años no se haya presentado una denuncia formal, en un planteo casi absurdo si se tiene en cuenta la violencia a la que eran sometidos los menores, quién se iba a animar a presentar una queja formal.
A pesar de los intentos por frenar la formulación de cargos, el juez ratificó la imputación y estableció el plazo de investigación hasta el 18 de agosto. Además, recordó que ya se dictó una medida cautelar que prohíbe a los acusados acercarse a las víctimas.