El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue detenido este domingo en El Bolsón por orden de la Fiscalía Federal de Bariloche. La acusación en su contra incluye intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.
La detención se produjo tras una investigación que permitió localizarlo en un domicilio de la localidad rionegrina. Según fuentes oficiales, el operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), en cumplimiento de una orden judicial emitida por la fiscalía interviniente.
Antecedentes y contexto de la causa
Jones Huala ha sido una figura central en el conflicto mapuche en la Patagonia, reivindicando acciones de resistencia territorial. A principios de este año, presentó su libro “Entre Rejas, antipoesía incendiaria”, donde expresó su apoyo a sabotajes y atentados incendiarios contra infraestructuras del sistema capitalista.
El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, impulsó la denuncia contra Jones Huala, argumentando que sus declaraciones constituían una instigación a la violencia. El Gobierno de Chubut también presentó una denuncia, acusándolo de enaltecimiento de hechos violentos ocurridos en la región. La RAM ha reivindicado atentados desde 2013, y Jones Huala ha reconocido públicamente su existencia.
Reacciones políticas y sociales
La detención de Jones Huala generó reacciones divididas en el ámbito político y social. Mientras el Gobierno nacional celebró el operativo, sectores de la comunidad mapuche y organizaciones de derechos humanos denunciaron una persecución política. Patricia Bullrich afirmó en sus redes sociales que la RAM es una organización terrorista y que su administración no permitirá impunidad. Referentes mapuches sostienen que la detención es parte de una criminalización del movimiento indígena, sin pruebas concretas. La Justicia Federal deberá determinar si las declaraciones de configuran delitos, o si se trata de una expresión política legítima.
Jones Huala quedó a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, que deberá definir su situación procesal en los próximos días. La comunidad mapuche sigue de cerca el caso, mientras el Gobierno reafirma su postura de firmeza contra la violencia en la Patagonia.