La madre de una estudiante fue declarada penalmente responsable por amenazar a una docente y agredir físicamente a dos integrantes del equipo directivo del Instituto de Formación Docente Nº 12 de Neuquén. El juez Juan Guaita consideró acreditados los hechos denunciados y la encontró responsable como autora de amenazas simples y coautora de dos hechos de lesiones leves, en concurso real.
La resolución fue comunicada este viernes al mediodía en la Ciudad Judicial, luego del juicio que se desarrolló durante el miércoles y jueves. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco, mientras que Mariano Mansilla y Agustina Procoppo intervinieron como abogados querellantes. La identidad de la mujer no fue difundida para preservar a una adolescente menor de edad vinculada al caso.
La acusación por las amenazas
Según la acusación presentada durante el juicio, el primer episodio ocurrió el 21 de abril de 2025, alrededor de las 14.20, cuando la mujer asistió al establecimiento educativo para participar de una reunión relacionada con una situación que involucraba a su hija, alumna de la institución.
Durante el encuentro estaban presentes una docente de inglés, la regente, la subregente y una maestra de grado. De acuerdo con la investigación, la mujer reaccionó de manera agresiva ante las explicaciones de la profesora, a quien insultó y amenazó.
Entre las expresiones que fueron consideradas durante el juicio, la acusada le dijo que la esperaría afuera, que la golpearía y que averiguaría dónde vivía. La situación terminó con la intervención del personal de seguridad y la suspensión de la reunión.
La Fiscalía sostuvo que esas expresiones tuvieron entidad suficiente para constituir una amenaza y que la docente efectivamente sintió miedo y nerviosismo. Esa situación, según el juez, fue además corroborada por otras personas que participaron de la reunión.
Guaita destacó más de diez elementos que, a su criterio, permitieron acreditar el hecho. Entre ellos mencionó los testimonios coincidentes de las docentes, el acercamiento físico de la acusada hacia la víctima, la decisión de suspender la reunión, el llamado al personal de seguridad, la denuncia posterior, la prohibición de ingreso de la mujer al establecimiento y la licencia que tomó la docente después del episodio.
Al día siguiente hubo una agresión
El segundo episodio ocurrió el 22 de abril, cerca de las 13.45. Según la acusación, la mujer regresó al establecimiento acompañada por otra persona y se dirigió al área de secretaría. Al no encontrar allí a la docente de inglés, agredió físicamente a la regente y a la subregente. Ambas sufrieron lesiones que fueron constatadas mediante estudios médicos realizados dentro de las 24 horas posteriores al hecho.
Los testimonios de las dos directivas fueron además respaldados por un video incorporado como prueba durante el juicio. Con esos elementos, el juez consideró acreditada la agresión y rechazó el planteo de la defensa que buscaba encuadrar el episodio como una riña.
Para Guaita, los hechos formaron parte de una escalada de violencia que comenzó con las amenazas del primer día y continuó al día siguiente con las agresiones físicas contra las integrantes del equipo directivo.
Ahora definirán la pena
La declaración de responsabilidad no establece todavía cuál será la pena que deberá cumplir la mujer. Esa cuestión será discutida en una audiencia de cesura, cuya fecha deberá ser fijada por la Oficina Judicial. Las partes tendrán cinco días hábiles para ofrecer las pruebas que consideren necesarias para esa instancia.
Durante el juicio, la Fiscalía y la querella habían planteado la necesidad de una condena que permita que las docentes puedan regresar a sus tareas sin temor a que vuelvan a producirse situaciones de violencia.
Fany Mansilla: “No se puede agredir”
La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, destacó la decisión judicial y cuestionó la situación que debieron atravesar las trabajadoras de la educación. “Es muy importante que la acusada haya sido declarada culpable tanto por las amenazas como por las lesiones”, sostuvo en diálogo con Mejor Informado. También remarcó que para las docentes “fue muy duro” atravesar no solamente los hechos de violencia, sino también el proceso judicial y tener que declarar durante el juicio.
Mansilla sostuvo que el caso deja un mensaje para toda la comunidad educativa: “No se puede agredir, no se puede violentar”. En ese sentido, planteó que las escuelas deben continuar siendo espacios de diálogo y encuentro con las familias. “Hay que cuidar el vínculo escuela-familia”, afirmó, y señaló que desde el sindicato, además de impulsar la denuncia penal, se trabajó en herramientas para prevenir situaciones de violencia contra docentes.
La dirigente también destacó la creación de una normativa de protección frente a las agresiones que puedan sufrir los trabajadores de la educación y sostuvo que es necesario continuar generando herramientas para que este tipo de episodios no vuelvan a repetirse.
Mariano Mansilla: “Ojalá que esta causa sea una bisagra”
El abogado querellante Mariano Mansilla manifestó su conformidad con el fallo y sostuvo que durante el juicio pudieron acreditarse los cargos por los que la mujer fue acusada. “Estamos muy conformes porque todos los cargos fueron probados y la Justicia dictó el fallo condenatorio”, señaló en diálogo con Mejor Informado.
Mansilla también destacó el rol de la comunidad educativa durante el proceso y afirmó que las audiencias permitieron conocer el trabajo que se realiza dentro de la institución y los esfuerzos realizados para contener la situación.
El abogado sostuvo además que las docentes debieron atravesar un proceso difícil al tener que declarar y reconstruir los hechos ante la Justicia. En ese contexto, consideró que el caso podría marcar un punto de inflexión frente a las situaciones de violencia contra trabajadores de la educación.
“Ojalá que esta causa sea una bisagra en la historia de nuestra provincia, que la ley se cumpla y que todos cuidemos a nuestros docentes”, expresó.
Respecto de la futura pena, Mansilla explicó que la condena podría ser inferior a tres años, aunque sostuvo que los antecedentes penales que, según indicó, registra la acusada deberán ser considerados al momento de definir el modo de cumplimiento. Esa cuestión será analizada en la audiencia en la que se determine la pena.
