Una mujer embarazada que realizaba tareas de limpieza en un paso fronterizo de la Circunscripción de Los Lagos deberá ser indemnizada por su empleadora por su despido injustificado.
La Cámara de Apelaciones 2 ordenó que, como la empresa conocía su estado de gravidez, se abone una indemnización agravada. “Ante una situación que no ameritaba ser considerada como causal de despido, decidió igualmente disponer su desvinculación”, expresó el juez Pablo Furlotti.
En septiembre de 2022 la trabajadora fue despedida después de no reincorporarse cuando finalizó sus vacaciones. Cursaba un embarazo de 25 semanas y había informado a su empleador que un desperfecto mecánico le impedía regresar desde Misiones.
La empresa la intimó y a los pocos días dio por terminada la relación laboral por abandono de trabajo.
En primera instancia, el juez Luciano Zani sostuvo que fue un despido injustificado, ya que la mujer había mantenido contacto con su empleador y manifestado su voluntad de regresar.
Por esta razón, pese a que la trabajadora había incumplido su obligación, no existió intención de abandonar el empleo. Explicó que si bien “la conducta de la trabajadora pudo generar ciertos perjuicios a su empleador”, el despido no resultó “adecuado ni proporcionado”.
Para el magistrado, la empresa “se extralimitó en el ejercicio de su poder de dirección y disciplinario al extinguir el vínculo”. Sin embargo, descartó la indemnización agravada por embarazo. Consideró que, aunque la decisión de despedirla había sido injustificada, estuvo motivada por las ausencias de la trabajadora y no por su estado de gestación.
La Cámara modificó la sentencia
Los camaristas Furlotti y Manuel Castañón López no coincidieron, y ordenaron reconocer también la indemnización especial prevista para las trabajadoras despedidas durante el período de protección por embarazo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
El artículo 178 de esa norma establece que cuando la desvinculación ocurre dentro del período protegido, corresponde al empleador aportar pruebas suficientes de que la decisión respondió a una causa ajena al embarazo.
El juez concluyó que la empresa no había acreditado “una causa objetiva, concreta y suficiente” que permitiera justificar la decisión.
