La Justicia Federal de Córdoba procesó al director de una clínica de fertilidad, a un abogado y a una empleada administrativa en una causa que investiga presuntas maniobras de trata de personas vinculadas a maternidad subrogada. El principal acusado es José Pérez Alzaa, titular de la Clínica Fecundart. También fueron procesados Paula Liendo y el abogado Nicolás Gigena.
La investigación está centrada en presuntas maniobras relacionadas con la “gestación por sustitución”, también conocida como maternidad subrogada. En la resolución judicial, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes sostuvo que “no toda maternidad subrogada es delictiva”, aunque advirtió que puede constituir trata de personas cuando existe explotación, abuso de poder y aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
Según la investigación, las maniobras habrían involucrado la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad económica para llevar adelante embarazos en beneficio de terceros. El expediente señala además que las potenciales gestantes eran contactadas mediante redes sociales, medios digitales y bases de datos vinculadas a tratamientos reproductivos.
La resolución también menciona supuestas transferencias embrionarias realizadas sin autorización judicial previa, situación que la Justicia interpreta como un posible intento de evitar controles sobre el consentimiento de las mujeres involucradas. La causa se inició tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145, destinada a recibir reportes vinculados a delitos de trata de personas.
En paralelo, el magistrado dispuso el sobreseimiento de otros acusados por falta de mérito dentro del expediente.
Actualmente, en Argentina la maternidad subrogada no cuenta con una ley nacional específica que regule la práctica. No obstante, las autoridades recordaron que está prohibida cualquier modalidad onerosa o pago por alquiler de vientre.
