Una mujer de El Bolsón sufrió el vaciamiento de su cuenta a través de una transferencia no autorizada de casi 600 mil pesos, no pudo pagar el resumen de su tarjeta y acumuló deuda e intereses. Tras reclamar sin éxito, acudió a la Justicia, que falló a su favor y ordenó a la empresa devolverle el dinero, indemnizarla y eliminar los cargos generados.
Todo salió a la luz cuando intentó pagar. Abrió la aplicación y se encontró con el golpe: el dinero ya no estaba. En su lugar, una transferencia a un destinatario desconocido que jamás había autorizado.
Desde ese momento, la situación se volvió una pesadilla. Sin fondos, no pudo cumplir con el pago de la tarjeta y la deuda empezó a crecer con intereses que superaron los 95 mil pesos. A eso se sumaron advertencias de cobro y presión constante.
La mujer hizo todo lo que tenía a mano: denuncia policial, reclamo en sucursal, carta documento. Del otro lado, la respuesta fue negativa, la empresa sostuvo que la operación había sido validada por los sistemas de seguridad.
Pero en la Justicia la historia dio un giro. El análisis del caso dejó en evidencia que la transferencia se realizó desde una ubicación distinta a la de la usuaria, lo que permitió atribuir la maniobra a terceros. El fallo señaló que no alcanza con mencionar mecanismos de seguridad si no se puede demostrar cómo funcionaron en el caso concreto. Y en este punto, la empresa no logró sostener su defensa.
Finalmente, la sentencia ordenó devolver los 580 mil pesos transferidos, pagar una suma igual por daño moral y eliminar todos los intereses generados. Además, prohibió iniciar acciones de cobro o incluir a la clienta en registros de morosos. Una decisión que marca un límite claro frente a este tipo de maniobras digitales.
