Una denuncia sacudió a la Agencia de Recaudación de Río Negro: una contadora del organismo quedó bajo investigación por maniobras irregulares con datos de tarjetas de crédito de contribuyentes, en una causa que ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y que podría escalar en los próximos días.
Todo comenzó con una presentación formal impulsada por el propio titular del organismo, Alejandro Palmieri, quien decidió llevar el caso a la Justicia tras detectar movimientos que no cerraban. A partir de ahí, la Fiscalía activó una serie de medidas que pusieron el foco sobre una empleada del área contable, sospechada de haber aprovechado su acceso a información sensible para realizar consumos indebidos.
Según trascendió, la maniobra habría sido tan silenciosa como delicada: usuarios que se acercaban a pagar sus impuestos dejaban sus datos, y eran utilizados después para realizar compras. Una operatoria que, de confirmarse, no solo implicaría un delito económico, sino también una grave vulneración de la confianza en un organismo clave del Estado.
En este contexto, la investigación avanza con cautela. Desde la Fiscalía confirmaron la existencia de la denuncia, aunque dejaron en claro que se trata de una etapa preliminar. Por ahora, no hay cifras oficiales sobre el posible monto defraudado, lo que abre aún más interrogantes sobre la magnitud real del caso.
Al mismo tiempo, se desplegó un trabajo técnico que incluye pedidos de informes a bancos y distintos organismos. La intención es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si hubo más personas involucradas. Aunque hasta ahora la lupa está puesta sobre una sola contadora, en los pasillos judiciales no descartan que la trama sea más amplia.
Además, el equipo de contadores de la Procuración General ya trabaja en el análisis de la documentación recolectada. Ese paso será clave: de allí podría surgir el sustento necesario que permitiría para avanzar hacia una formulación de cargos formal.
Mientras tanto, el caso genera ruido puertas adentro y también hacia afuera. No es un dato menor: se trata de un organismo que maneja información extremadamente sensible de miles de contribuyentes. Por eso, más allá del resultado judicial, la investigación ya deja una señal de alerta sobre los controles internos y la protección de datos en la administración pública.
