La extensión de la prisión preventiva es un debate nacional

El proyecto del fiscal general de la provincia, José Gerez, de extender excepcionalmente las prisiones preventivas a personas sin condena, ha generado un debate nacional. Hubo pronunciamientos en contra –de las defensorías públicas y de asociaciones que nuclean a juristas- y a favor, como del Consejo de Procuradores y Fiscales de la Argentina y del Consejo federal de Política Criminal.

En las últimas horas, el vicegobernador de la provincia, Marcos Koopmann recibió una nota de los dos Consejos planteándole que “hemos seguido de cerca el debate en torno al mencionado proyecto, el cual cuenta con el apoyo de las instituciones que representamos”.

Contrariamente a lo que expuso en la Legislatura el Defensor General de Neuquén, Ricardo Cancela, puntualizaron que el proyecto “se ajusta a la ley, a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, respetando las garantías y derechos allí consagrados”.

La nota fue firmada por Eduardo Quattropani y Eduardo Gullé, presidentes de ambos Consejos que agrupan a los procuradores y fiscales de todas las provincias de la Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo medular de la nota señalaron que “se busca la sanción de una medida de carácter estrictamente excepcional, debido a la emergencia sanitaria, cuya aplicación dependerá de la valoración que en el caso particular hagan los jueces, previa solicitud del fiscal justificando su necesidad y con la debida intervención de la defensa”.

Agregaron que “el exiguo plazo de duración de la prisión preventiva que legisla la manda procesal de Neuquén, no puede derivar, a partir de esta situación excepcionalísima de pandemia, en libertad – impunidad de aquellos sobre quienes pesan acusaciones por delitos graves”.

Además señalaron que “claramente esta problemática no alcanza al resto de las jurisdicciones provinciales, habida cuenta que comparten el plazo general de dos años de duración de la prisión preventiva - en algunos casos prorrogables por otro año más-, que es también el temperamento mantenido por las convenciones internacionales”.

También indicaron que “en la presente situación, existe una clara tensión entre el interés del particular sometido a proceso y el interés que asiste a la sociedad toda en lograr la realización de un juicio justo, pero cautelando al sospechado de la posibilidad de que evada la realización de aquel, borre los rastros, o amenace testigos”. Y explicaron que “nadie puede invocar un beneficio de esta índole aprovechando una situación de emergencia, que por su naturaleza, resulta imprevisible”.

Sobre la situación en otras provincias, señalaron que “en casi todas las provincias argentinas se han dictado resoluciones por parte de los tribunales superiores, suspendiendo plazos en todos los fueros. Estas decisiones promovidas en emergencia, aun sin el debido origen legislativo, sirvieron para paliar la excepcional situación planteada. En el caso puntual que nos ocupa, la imposibilidad generalizada de realizar juicios penales debido al contexto creado por la pandemia, tiene incidencia en las prisiones preventivas que están próximas a vencer. El mero fenecimiento del plazo, no neutraliza los riegos procesales que motivaron su establecimiento. Este diagnóstico impone la necesidad extraordinaria de la extensión razonable de su plazo hasta la concesión del juicio”.

Gerez presentó el pasado 14 de mayo el proyecto de Ley de sólo un artículo que plantea “extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva, a consecuencia de la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia de COVID-19”.