GENERAL ROCA
Presos tendrán sistema de videollamadas en el Penal 5
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones, para suplir la suspensión de visitas por la pandemia de coronavirus.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ordenó al Servicio Penitenciario Federal que instale un sistema para que los detenidos en la Colonia Penal 5, privados de visitas por la pandemia de coronavirus, puedan realizar videollamadas con sus familiares. De esa manera revocó una resolución del juez federal Hugo Grecca.
Hace pocos días, la Defensoría General de la Nación interpuso una acción de habeas corpus colectivo en favor de los detenidos en esa Unidad, para que se implementen medidas tendientes a garantizar la comunicación con sus familiares y abogados, ante la suspensión del régimen de visitas dispuesto por el SPF en el marco de la pandemia del virus COVID-19.
En primera instancia el juez roquense Grecca rechazó parcialmente la acción y sostuvo que los internos “cuentan con tres líneas telefónicas en cada pabellón y las autoridades carcelarias les repartieron tarjetas telefónicas, por lo que desde la unidad se instrumentaron diversas medidas para posibilitar el contacto con los familiares y garantizar el derecho a la comunicación”, y agregó que “no advertía un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención de dicho colectivo”.
La Defensoría General recurrió la decisión, y argumentó la imposibilidad de concretar videollamadas pese a la existencia de la orden de implementación por parte del Director Nacional del SPF, al tiempo que destacó que la única novedad fue la entrega de tarjetas telefónicas cuya duración no alcanzaba siquiera una hora en pulsos.
También mencionó que se necesitaba "cierta privacidad" para realizar las comunicaciones y solicitó que el organismo adecue cuatro computadoras habilitadas para videollamadas o la aplicación WhatsApp, en aras de buscar soluciones proactivas para garantizar el derecho a la comunicación.
Por su parte, la Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, María Claudia Frezzini, coincidió en que “la entrega de tarjetas telefónicas resultaba insuficiente y que el empleo del sistema de videollamadas y de otros medios tecnológicos se presentaba como un modo razonable de paliar la afectación provocada en derechos fundamentales, y contribuían a su morigeración”. Agregó que el juez omitió resolver el objeto de la acción de habeas corpus intentada, ya que no se había incorporado ningún mecanismo alternativo a los existentes en el complejo carcelario.
