Cambiaron de sociedad fraudulentamente y deberán pagar

Después de varios cambios de sociedades, todas vinculadas entre si y con el mismo dueño y su esposa, 14 trabajadores quedaron en la calle. Pero tras una demanda laboral, la Justicia condenó al matrimonio a cargo de las sociedades a pagar más de 45 millones de pesos para indemnizarlos. Para la Cámara Laboral Segunda de Roca, las distintas firmas formaron un “conjunto económico” que llevó adelante “conductas o acciones tendientes a burlar los derechos de los trabajadores”.

Todo comenzó a mediados de la década del 90, cuando el empleador decidió cambiar de sociedad y trasladó el dominio de sus chacras en Regina, Huergo y Godoy. Luego en 2004, el mismo patrón con su esposa formaron una Sociedad de Responsabilidad Limitada y transfirieron allí a todos los empleados para continuar con las mismas tareas. Pero en 2005, la misma pareja conformó una Sociedad Anónima, a la que transfirió más de una docena de chacras, un galpón de empaque y un frigorífico.

Para la Justicia hubo un vaciamiento de la gran empresa original y dejaron a los obreros en una empresa sin capital, que sólo los tenía contratados. En esas triangulaciones empresariales los obreros trabajaron sin inconvenientes durante un tiempo, hasta que en 2009 dejaron de pagarles los aportes. Luego, en 2016 fueron transferidos a una nueva Sociedad Anónima, recién creada y sin capital significativo, la que en 2017 comenzó a interrumpirles los pagos y finalmente dejó de darles tareas.

Los trabajadores pidieron por carta documento a la nueva empresa que les aclare su situación laboral y que les asigne trabajo en alguna chacra, pero ante el silencio de la empleadora, a mediados de ese año todos se consideraron despedidos e iniciaron el reclamo judicial.

Si bien los rurales y empacadores eran mucho más, sólo 14 llegaron a presentar una demanda judicial, ya que los demás realizaron arreglos individuales. Finalmente, al considerar que hubo una defraudación por parte del matrimonio que siempre fueron dueños de las chacras, galpón y frigorífico, obtuvieron una sentencia favorable que les asignó entre 1 y 4 millones de pesos en función de sus diferentes escalafones y circunstancias particulares.

La condena a indemnizar fue dictada “en forma conjunta y solidaria” contra el dueño inicial de todas las chacras Atilio Victorio Matcovich, su esposa Norma Quintans, la SRL Frutas Don Antonio y las SA VeroMati y Frescuras Orgánicas Patagónicas que juntos formaron.

Para la Cámara, integrada por los jueces Andrea Perramón, María del Carmen Vicente y Juan Huenumilla, las “maniobras fraudulentas” se verificaron en el “funcionamiento del conjunto económico en perjuicio de los trabajadores”, que incluyó la “transferencia de los contratos laborales” a “una empresa vacía de capital” que, por lo tanto, era incapaz “de afrontar los pasivos que podrían llegar a producirse con los trabajadores”. También se vio en la interrupción del pago de las cargas sociales a partir de 2009 y en “la confusión de patrimonios, de administración, de ganancias, gestiones y otros beneficios” entre todas las empresas que estaban relacionadas pero que en definitiva reportaban los beneficios a la misma pareja de empresarios que fundó el “conjunto económico”.