HABÍA COLAS DE MADRUGADA PARA TENER UN NÚMERO
Jury a un defensor oficial que no atendía a la gente
Como su colega Gömez Piva, sancionada por lo mismo, Cristian Klimbosky puede ser suspendido por 60 días.
En Río Negro una ley garantiza el acceso a un defensor oficial a todo aquel que tenga ingresos limitados y no gane más de 1,5 de un salario mínimo vital y móvil, lo que hoy asciende a los 49 mil pesos por mes. Sin embargo la falta de empatía suele ser un mal de varios funcionarios a los que los altos sueldos del Poder Judicial les hace perder el sentido de la realidad. Así es como hace poco más de un mes el Superior Tribunal de Justicia suspendió a una defensora oficial de Regina y ahora le realiza un Juicio Político a su compañero, ambos están acusado de entregar una cantidad limitada de números a los cuales tenían que acceder los necesitados de asistencia jurídica en horas de la madruga antes de que se terminen.
El funcionario Cristian Klimbosky decidió enfrentar las acusaciones y en vez de aceptar su responsabilidad como su par Ana Gómez Piva, quien acordó una suspensión de 25 días sin goce de haberes, y debe afrontar un Jury del Consejo de la Magistratura. Ambos se desempeñan en la Defensoría de Pobres y Ausentes de Villa Regina.
Están acusados de mal desempeño, al incumplir con pautas establecidas para la atención de vecinos de la ciudad. Ambos decidieron de manera inconsulta y arbitrariamente, implementar un sistema de turnos que restringía la cantidad de atenciones diarias. Gómez Piva, que por ley cobra un salario cercano similar a un juez de primera instancia de unos 400 mil pesos, fue sancionada con una suspensión por 25 días; en tanto que la suerte de Klimbosky se conocerá el 29 de noviembre.
La audiencia de Juicio Político estuvo presidida por el vocal del STJ Sergio Barotto y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Jefa de Bariloche Betiana Cendón, quien sostuvo que el defensor incumplió con las pautas establecidas para la atención de vecinos de la ciudad durante 2015 y 2017.
Sin facultades para hacerlo, Klimbovsky firmó una resolución "que estableció una restricción indebida de la atención al público para resolver un colapso por la cantidad de requerimientos de la ciudadanía", y agregó que "no asistía a la oficina en contraturno, a pesar de la pública y notoria demanda de los justiciables, que hacían cola para ser atendidos", incluso desde la madrugada.
Cendón pidió una sanción de 60 días, la máxima que estipula la ley previo a la destitución. Y puso como antecedente la suspensión a Gómez Piva quien fue sumariada por la misma situación y aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado.
Klimbovsky en su defensa argumentó que no hubo de su parte "negligencia o desinterés" y se justificó en que el sistema de números es aplicado en otras Defensorías Públicas debido a "los graves problemas de organización" y que "no estaba a su alcance poder resolver".
