Leve condena para una causa de usurpación de terrenos

Un hombre fue condenado a tres años y dos meses de prisión en suspenso, por los delitos de usurpación, amenazas y resistencia a la autoridad, cometidos en el contexto de la ocupación de un predio del Instituto de Seguridad Social de Neuquén en Villa La Angostura. En tanto tres personas, acusadas por los mismos delitos, fueron beneficiadas con la suspensión de juicio a prueba (probation).

En una audiencia de control de la investigación desarrollada el viernes pasado, el fiscal Adrián de Lillo impulsó el acuerdo por el que Javier Rodríguez terminó condenado a prisión en suspenso. Explicó que los hechos se dieron en el marco de una “situación habitacional, y que en base a una evaluación de estas circunstancias, eso se tomó como un atenuante”.

Rodríguez reconoció haber cometido los hechos que se le atribuyeron: usurpación, amenazas coactivas (dos hechos), resistencia a la autoridad (tres hechos) y amenazas, todos los delitos concursan en forma real y se les atribuye en calidad de coautor.

Por el reconocimiento de esos delitos se le impuso una pena de tres años y dos meses de ejecución condicional. También se dispuso que en los próximos tres años deberá realizar 72 horas de trabajos no remunerados en una institución de bien público; no podrá ingresar al predio usurpado ni contactar por ningún medio a quienes recibieron las amenazas. En caso de incumplir alguna de esas pautas, la pena condicional pasará a ser efectiva.

El juez de garantías Juan José Nazareno Eulogio homologó el acuerdo presentado por las partes en todos sus términos.

Luego de la imposición de la condena a Rodríguez, dos hombres y una mujer que estaban imputados por distintos delitos fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba.

Las tres personas estaban imputadas por los delitos de usurpación, amenazas coactivas, hurto (reiterado en dos oportunidades) y resistencia a la autoridad, todo en concurso real entre sí. Además, a uno de los se le atribuyó también el delito de amenazas.

A pedido del fiscal, la suspensión del juicio a prueba se extenderá durante dos años y deberán cumplir las mismas reglas que se le impusieron a Rodríguez. En caso de incumplir, el proceso volverá a la instancia actual se avanzará en la acusación.

Prolongada usurpación