JUDICIALES

Estafa con planes: la defensa busca apartar a Abel Di Luca de los hechos

El ex ministro de Desarrollo Social esta imputado en la causa por las estafas con planes sociales. Hay 30 acusados.
jueves, 28 de septiembre de 2023 · 18:52

La jueza de Garantías Estefanía Saulí suspendió la mega audiencia sobre la estafa con planes sociales después de 7 horas de debate. Se tomará un receso hasta mañana viernes para decidir sobre los argumentos presentados por la fiscalía y las defensas, que se centraron principalmente en la cuestión de la asociación ilícita. 

El abogado defensor de Abel Di Luca, Gustavo Rodríguez, a quien se le atribuye el liderazgo de la organización, afirmó que el exministro de Desarrollo Social está completamente desvinculado de la acción descrita por la fiscalía, que significó una defraudación al Estado de al menos $153.367.900.

Di Luca evitó el malestar de ser expuesto como imputado, y presentó un oportuno certificado médico, que le permitió participar de la audiencia vía Zoom. El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, reveló que se identificaron más de 9 mil retiros ilegales de fondos.

La fiscalía estima que la investigación podría finalizar en dos meses y estar lista para ser elevada a juicio oral. Sin embargo, hay incertidumbre sobre si se podrán cumplir esos plazos debido a la gran cantidad de pruebas que aún deben analizarse.

Según la fiscalía, la maniobra tuvo lugar entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022. Durante ese período, se realizaron un total de 9.303 extracciones de dinero y cobros de cheques.

Afirmaron que, tanto Di Luca como el Coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler, eran los líderes de esta organización criminal, al igual que Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna. Hasta ahora, el único mencionado en este rol había sido Ricardo Soiza.

Di Luca, quien renunció al Ministerio de Desarrollo Social poco después de que estallara este escándalo, enfrenta acusaciones tanto por su papel como máximo responsable de la cartera como por su desempeño cuando era el segundo al mando, bajo la ministra Adriana Figueroa.

Además de los cinco acusados como líderes de la asociación ilícita, otras 22 personas enfrentan cargos por su participación en esta organización dedicada a apropiarse de fondos públicos.

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