La estafa con los planes sociales ocurrida en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén reformuló su acusación incorporando a dos nuevos acusados de suma importancia. El fiscal del caso Juan Manuel Narváez ordenó hace algunas semanas el allanamiento del Ministerio, a raíz de declaraciones del personal del lugar quienes "utilizaban un sistema informático que almacena información en un servidor físico".
A partir de esa investigación, desde la unidad fiscal de Delitos Económicos ratificaron la formulación de cargos por la conformación de una Asociación Ilícita compuesta por cinco jefes. Los dos nuevos involucrados en este sentido son el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el coordinador Provincial de Administración de ese ministerio, Tomás Siegenthaler.
Asimismo, otras 26 personas fueron acusadas por integrar esta asociación que sustrajo sumas que superan los 160 millones de pesos. La acusación inicial fue formulada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli el 29 de noviembre de 2022, cuando se denunciaron estos incontables desvíos de fondos que, originalmente, debían ser destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Hasta ahora son tres los detenidos por estos hechos: El exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, que es señalado como el líder de la organización; Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, que eran empleados del Ministerio y están detenidos por la presunta participación en este desfalco a los fondos de Desarrollo Social. Por la cantidad de acusados, en sumatoria a la complejidad de la maniobra y las sumas robadas, se puede definir como una de las causas más grandes en la historia de la provincia, además de la repercusión pública que tomó el caso.