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Impugnarán la decisión que benefició a un concejal y a un capataz

La jueza de garantías Natalia Pelosso rechazó la formulación de cargos que presentó la unidad fiscal de Delitos Ambientales contra dos nuevos imputados
Viernes, 01 de marzo de 2024 a las 16:33

La investigación por el uso y la disposición de transformadores con PCB en la red eléctrica de Plottier suma un nuevo capítulo, porque la jueza de garantías Natalia Pelosso rechazó la formulación de cargos que presentó la unidad fiscal de Delitos Ambientales contra dos nuevos imputados, mientras que por su parte, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid anticipó que impugnará la resolución en los próximos días.

Cabe recordar que esta semana Breide Obeid, junto a la asistente letrada Julieta González, acusó al actual concejal Sergio Luis Soto, quien al momento de los hechos investigados ocupaba la presidencia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, y a M.D.F.A, capataz de la entidad. A ellos se les atribuyó haber puesto en peligro la salud de la población por su responsabilidad en haber mantenido colocados, en operación y acopiados, transformadores contaminados con PCBs (bifenilos policlorados).

El fiscal jefe encuadró la conducta en el delito de contaminación peligrosa para la salud pública en calidad de coautores.

No obstante y tras un cuarto intermedio de 48 horas, la jueza de garantías resolvió rechazar la formulación por considerar que, para avanzar respecto de los nuevos acusados, es necesario profundizar la investigación.

En la causa también hay otros dos imputados: H.C.P, miembro titular del consejo de administración de la Cooperativa e imputado por el mismo delito que se atribuyó a los dos acusados de la audiencia de hoy; y el exsubsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, a quien se responsabiliza por no haber controlado la descontaminación y disposición final de transformadores.

Desde el ministerio Público Fiscal se informó que las identidades de las personas imputadas en la causa se mantiene en reserva hasta tanto se declare su responsabilidad penal, con la única excepción de aquellos y aquellas que se desempeñan o desempeñaban como funcionarios o funcionarias públicas al momento de los hechos.

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