La historia empezó con una denuncia y terminó con una advertencia seria de la Justicia: en San Antonio Oeste, se habría usado tierra contaminada para obras públicas, y ahora el municipio está en la mira. La situación ya generó preocupación entre vecinos, ambientalistas y autoridades provinciales.
El foco del conflicto está en el material extraído del predio conocido como La Estanciera, un lugar que está clausurado justamente por estar contaminado con metales pesados. La Comisión Multisectorial por la problemática del plomo en San Antonio Oeste informó que: "Incumpliendo órdenes judiciales y poniendo en riesgo a la comunidad en su conjunto, la Municipalidad removió material de la cantera ubicada en una zona contaminada con plomo y otros metales pesados y lo dispuso en la calle Torello entre Mitre y Belgrano de la planta urbana".
Según el comunicado, parte de ese material fue distribuido sobre calle Torello, frente a la Escuela 161. Otra parte se dispuso en montículos en la calle Torello entre Mitre y Libertad, para ser distribuido posteriormente.
Ahora, el juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Ricardo Apcarián, ordenó que intervenga la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para controlar de cerca lo que está ocurriendo. La decisión llegó después de que las partes, la Municipalidad, vecinos, organizaciones y la defensa pública, llegaran a un acuerdo en una reunión realizada en el Concejo Deliberante.
El propio municipio reconoció que ese movimiento de tierra existió, y que no contaban con la autorización necesaria para hacerlo. Por eso, en ese encuentro del 9 de mayo se consensuó una solución: devolver esa tierra a su lugar de origen y tomar medidas urgentes para evitar que el problema se agrave. La propuesta fue impulsada por la Multisectorial local y aceptada por las autoridades comunales.
Ahora, con el fallo judicial de por medio, la Secretaría de Ambiente tendrá que armar en diez días un plan de acción que diga cómo se va a hacer esa restitución y qué medidas se tomarán para proteger a la población. No sólo eso: también deberá fiscalizar que el plan se cumpla y luego informar al juzgado sobre los avances.
Pero eso no es todo. Apcarián también intimó al municipio para que cumpla con la medida cautelar que ya está vigente desde fines de abril, que prohíbe expresamente mover tierra desde zonas contaminadas sin el aval de la Justicia. Si no lo hacen, podrían aplicarse sanciones.