En un contexto de crisis para Alcalis de la Patagonia (Alpat), el Gobierno de Río Negro confirmó un apoyo financiero de más de 3 millones de dólares, distribuido en cinco meses, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción y evitar despidos en la planta ubicada en San Antonio, en el Golfo San Matías, el mismo lugar por donde está prevista que salga al mundo la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta.
Alpat, perteneciente al Grupo Indalo del pólémico empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, es la única gran fuente de empleo en la localidad. Con unos 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos, su estabilidad es fundamental para la comunidad. La crisis se profundizó debido al incremento del costo del gas natural y la caída en las ventas de carbonato de sodio, afectadas por la apertura a la importación desde China.
El gobierno provincial estableció un acuerdo por la paz social, mediante el cual la empresa garantiza que no habrá despidos y los gremios evitarán medidas de fuerza. No obstante, el sindicato de químicos (SPIQYP) sigue expectante sobre la normalización de los pagos salariales, que hasta ahora se han realizado de manera fragmentada.
El respaldo estatal provendrá de los fondos de la renegociación petrolera, en línea con un programa de apoyo a empresas en crisis para sostener sus puestos de trabajo. El ministro de Gobierno y Trabajo, Fabián Gatti, señaló que la asistencia permitirá intervenir ante situaciones de crisis social y económica para proteger el empleo.
El aporte será de 617 mil dólares mensuales, equivalentes a más de 710 millones de pesos según la última cotización. En total, la asistencia alcanzará los 3.548 millones de pesos en cinco meses.
Ayuda a una empresa en crisis permanente
A pesar de esta ayuda, la crisis de Alpat sigue siendo estructural. En marzo, la empresa presentó un plan de crisis evidenciando una marcada caída en sus ventas, lo que motivó la intervención del Gobierno provincial y la firma del acuerdo de paz social, recientemente vencido.
Como parte de sus estrategias, la firma lanzó un plan de retiros voluntarios, con indemnización y un adicional que aumenta según las cuotas aceptadas. Si bien la reducción esperada es de cerca del 20% del personal, la cantidad de inscripciones ha sido baja, lo que obligó a extender el plazo por tres semanas.
A la par, se iniciaron negociaciones para modificar los convenios colectivos de trabajo, un pedido de la empresa para adaptarse al nuevo escenario económico. Mientras tanto, la discusión sigue abierta sobre la viabilidad futura de la planta, fundamental no solo para San Antonio Oeste, sino para la actividad industrial en el Golfo San Matías, un punto clave para la exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.