La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, sigue bajo la lupa de la Justicia, que le ha exigido explicaciones sobre un patrimonio que, según las primeras investigaciones, no cuadra con sus ingresos como servidora pública. El ojo de la fiscalía insiste sobre la exfuncionaria que ocupó cargos clave a lo largo de su carrera política y en 2024 fue destituida. Habría acumulado una riqueza que ahora deberá justificar en un plazo perentorio.
La Fiscalía de Delitos Económicos le puso un ultimátum a la vice destituida y fue notificada este miércoles. Tiene apenas 48 horas para justificar cómo hizo para amasar una fortuna inexplicable mientras ocupaba cargos públicos en Plottier y la provincia. ¿Podrá explicar el origen de su millonario patrimonio o se le termina la impunidad?
La investigación se centra en un aumento patrimonial que levanta serias sospechas. Entre los bienes bajo escrutinio se encuentra una camioneta de lujo, adquirida por una suma millonaria el año pasado. A esto se suma la posesión de un terreno de grandes dimensiones, supuestamente obtenido a través de un tercero, y la construcción de una piscina valuada en decenas de millones de pesos, que habría sido encubierta como obra pública.
Este escándalo se enmarca en la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que persigue a aquellos funcionarios o exfuncionarios que no pueden justificar un crecimiento significativo de sus bienes durante o después de su paso por la función pública. La fiscalía de Delitos Económicos ha tomado cartas en el asunto, exigiendo respuestas claras sobre cómo se financió este lujoso estilo de vida.
Las sospechas sobre la ex vicegobernadora no son nuevas. La investigación se inició tras la difusión de información sobre la controvertida designación de numerosos familiares en puestos clave durante su gestión. A esto se sumaron reportes sobre movimientos financieros irregulares, incluyendo transferencias de dinero a la cuenta de un familiar cercano, que ya derivaron en imputaciones por presunto peculado.
En el caso de la camioneta de alta gama, la exfuncionaria había alegado que la pagó con ahorros y la venta de otro vehículo. Sin embargo, las pesquisas revelaron que el automóvil supuestamente vendido no estaba a su nombre, sino al de su suegra, y que la operación de compra-venta presenta inconsistencias llamativas, con valores de transacción dispares y un pago en efectivo por parte de un jubilado. Por estas maniobras, tanto la suegra como el comprador de este último vehículo también han sido imputados.
Con el plazo para las justificaciones a punto de vencer, se espera que la fiscalía solicite en breve una audiencia de formulación de cargos, lo que podría derivar en imputaciones por defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ex vicegobernadora se encuentra en el ojo de la tormenta, enfrentando un futuro judicial que podría complicarse aún más antes de la feria judicial de julio.