Hace 13 años, un grupo de vecinos decidió usurpar lo que el Estado nunca supo solucionar legalmente. Rompieron el cerco de una obra, ingresaron a viviendas a punto de finalizarse, y nunca más se fueron. Hoy, después de más de una década de ocupación, no solo siguen viviendo en esas casas, sino que además se niegan sistemáticamente a pagar por ellas, aún cuando el gobierno provincial les ofrece condiciones impensadas: precio subsidiado, financiación a 25 años y cuotas atadas a sus ingresos.
El barrio, conocido como “167 Viviendas”, formó parte de un ambicioso plan impulsado por la cooperativa House Vial, que operaba bajo el ala del Sindicato de Trabajadores Viales. En los papeles, prometían el sueño de la casa propia. En los hechos, fue una maquinaria de estafas. Carlos Iturburu, presidente de la cooperativa, y su padrastro, el poderoso sindicalista Carlos Sansuerro, terminaron condenados a 11 y 10 años de prisión, respectivamente. La Justicia acreditó 586 estafas comprobadas y estimó que el fraude alcanzó un volumen económico superior a 1,8 millones de dólares.
De las promesas al caos: las casas que terminaron en manos de nadie
Mientras el proyecto se caía a pedazos y el escándalo judicial se cocinaba en tribunales, 86 damnificados decidieron tomar lo que creían suyo y primerearon a varios otros estafados. Se metieron en las viviendas, las terminaron, luego las refaccionaron, las ampliaron, les cambiaron la fachada, y desde entonces viven allí sin pagar ni un peso.
La Justicia, en un silencio cómplice, nunca ordenó desalojos. El Estado, paralizado entre el miedo político y la indiferencia, tampoco actuó. Y hoy, esas casas siguen ocupadas por familias que, pese a la ilegalidad del ingreso, exigen pagar la vivienda al valor que tenía hace más de una década.
IPPV propuso todo: ni así aceptan
El Instituto Provincial de Planificación de la Vivienda (IPPV) intenta regularizar la situación. Primero tasó las viviendas en 55 millones de pesos, valor fiscal actual. La negativa fue inmediata. Después ofreció 31 millones. Tampoco. Hoy, la última oferta es de 21 millones de pesos, es decir, 34 millones menos que el valor fiscal, con una financiación de 300 cuotas. Además, se garantiza que ninguna cuota supere el 20% de los ingresos del grupo familiar. Pero la respuesta se mantiene: "no queremos pagar eso".
La contraoferta: pagar como en 2015
La propuesta de los ocupantes es casi un insulto al sentido común. Reclaman que el valor de las viviendas se mantenga en 600 mil pesos, el que tenía en 2015 las otras 80 del mismo plan que no fueron usurpadas y están pagando cuotas irrisorias de poquito más de 1.800 pesos mensuales.
Ninguna mención al paso del tiempo. Ninguna consideración a la inflación, al usufructuo de todos estos años, o a las modificaciones estructurales que le hicieron a las casas, ni a los beneficios ofrecidos por el Estado. Su planteo es claro: que se les cobre lo mismo que a quienes ingresaron legalmente.
En San Antonio Oeste se vivió una situación similar: 86 casas fueron ocupadas. En ese caso, el IPPV logró cerrar un acuerdo con 76 familias, que comenzaron a pagar con base en una tasación de 31 millones. Ahora, con la nueva oferta en Roca, esos valores deberían ajustarse a la baja, lo que genera otro frente de conflicto.
En Allen ya se está gestando otra situación similar, con viviendas ocupadas y la misma exigencia de pagar precios históricos.
El IPPV ya advirtió que, si no hay acuerdo en Roca, judicializará el conflicto. Si en 13 años la Justicia no movió un dedo, por qué lo haría ahora, es la pregunta que surge.