La fruticultura del Alto Valle atraviesa una de sus peores crisis, con chacras abandonadas, precios de la fruta que no cubren los costos de producción y una creciente competencia de importaciones desde Chile y China. Más de 40 productores autoconvocados se reunieron en Cipolletti para exigir respuestas urgentes al gobierno provincial y nacional. En ese contexto, legisladores provinciales presentaron una propuesta formal para crear una Mesa Parlamentaria de la Fruticultura, con el objetivo de generar un espacio institucional que escuche al sector y articule políticas públicas concretas.
La iniciativa, que se impulsa desde el bloque Vamos con Todos, propone que la Mesa funcione en el ámbito de la Legislatura rionegrina, con financiamiento propio y recorridas territoriales, para recoger de primera mano las demandas de productores de peras y manzanas. “La situación es gravísima: se están perdiendo chacras, empleos y un modelo productivo que fue ejemplo en el país. No hay tiempo que perder”, advirtieron y también alertaron sobre el riesgo de que la crisis derive en movilizaciones, entrega gratuita de fruta o tractorazos si no hay respuestas inmediatas.
Durante el encuentro en Cipolletti, productores de distintas localidades, entre ellas Roca, Allen, Fernández Oro, Villa Regina y Cinco Saltos, firmaron un petitorio dirigido al gobernador Alberto Weretilneck, en el que solicitaron una audiencia urgente y denunciaron que “el valor que se paga por la fruta es muy inferior al costo de producción”. Además del impacto económico, los productores remarcaron que la fruticultura no contamina, genera empleo y forma parte de la identidad regional, a diferencia de otras actividades extractivas que sí reciben beneficios fiscales. “Estamos atrapados en una cadena de valor donde siempre perdemos los que trabajamos la tierra”, expresó Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Fernández Oro. La propuesta de la Mesa Parlamentaria busca revertir esa lógica, promoviendo una política de Estado que priorice la soberanía alimentaria y el arraigo rural.
El reclamo también apunta al Gobierno nacional, al que acusan de desproteger las economías regionales al permitir el ingreso de fruta importada en condiciones desiguales. La reciente habilitación de peras chinas en el mercado argentino fue interpretada como un golpe más a la producción local, que ya enfrenta altos costos laborales, presión impositiva y falta de financiamiento. En ese contexto los productores exigieron medidas como acuerdos de precios, créditos subsidiados y un tipo de cambio diferencial, similares a los que se aplican en otras actividades exportadoras.