El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto se expresó en contra de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, como parte de la modificación del Régimen Penal Juvenil, proyecto que obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados de la Nación. Croxatto mantuvo un encuentro con los diputados que conforman la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial, que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), con motivo del tratamiento del proyecto del MPN que rechaza el dictamen.
Croxatto advirtió sobre la reducción de programas de asistencia en barrios populares, el aumento de personas en situación de calle y del consumo de sustancias tóxicas, al tiempo que se refirió a la “incapacidad” de las cárceles no solo de alojar a posibles nuevos internos sino, además, de brindarles contención necesaria para la resocialización. “¿Puede alguien recuperarse sanamente de ese estado o lo estamos metiendo en un pozo cada vez más profundo?” se preguntó Croxato tras hacer mención a una de sus visitas a una comisaría y recordar el mensaje del Papa Francisco sobre que los tratamientos largos de privación de la libertad “no dan resultados”.
El obispo pidió una reflexión de la comunidad sobre “qué parte de la sociedad estuvo ausente” cuando un menor delinquió.
El obispo pidió una reflexión de la comunidad sobre “qué parte de la sociedad estuvo ausente” cuando un menor delinquió y reiteró su preocupación por la nueva realidad social de mucha carencia, desprotección y desamparo social. En ese marco, advirtió que “hoy hay mucha ausencia en las escuelas” y mencionó por caso la falta de profesionales de la psicología y pedagogía en la escuela Nuestra Señora de la Guardia en l a capital neuquina.
En su intervención, el obispo se refirió a la dignidad “moral, social, existencial y ontológica” de las personas que muchas veces se ve afectada y que toda legislación debe contribuir para fortalecer. En ese sentido, calificó de “improbable” que disminuir la edad de imputabilidad contribuya a sostener la dignidad humana y enumeró una serie de argumentos por los que la cuestionó. Entre ellos la falta de madurez para identificar qué constituye un delito, la falta de asistencia social, las estadísticas que dan cuenta de la escasa participación de menores de 14 años en delitos y homicidios -0.4% y 0.7%, respectivamente- y las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y UNICEF a favor de mantener una edad alta de punibilidad.